El dilema entre mejores ingresos y la presión fiscal a los negocios
Durante el proceso de diálogo para definir el próximo incremento al salario mínimo para 2027, el sector empresarial ha puesto sobre la mesa una condición indispensable para garantizar la viabilidad financiera de los comercios. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) solicitó formalmente al Gobierno federal que se implemente una estrategia para disminuir las cargas fiscales y administrativas que actualmente asfixian a los negocios familiares y a las microempresas del país.
Las proyecciones del organismo cúpula detallan que el panorama laboral se encamina hacia retos complejos. Tan solo el proceso de transición para reducir la semana laboral, pasando de 48 a 46 horas manteniendo la misma remuneración semanal, provocará un incremento del 4.35 por ciento en el costo por hora laboral de cara al año 2027. Asimismo, las estimaciones advierten que este ajuste acumulado escalará hasta alcanzar un 20 por ciento en 2030, fecha proyectada para consolidar la jornada de 40 horas.
La postura oficial de la iniciativa privada
Ante este escenario de mayores obligaciones laborales, el liderazgo del sector comercial enfatizó que existe una total disposición para mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora, siempre y cuando se mitigue el impacto financiero en las estructuras patronales. Al respecto, Octavio de la Torre de Stéffano, presidente de la organización, declaró: “Queremos que las personas ganen mejor, tengan tiempo para sus familias y cuenten con seguridad social. Cuando aumenta el salario también pueden aumentar las contribuciones sobre esa remuneración; por eso debemos discutir cómo reducir las cargas que dificultan contratar y permanecer en la formalidad”.
Con el objetivo de blindar el empleo formal y evitar un éxodo masivo hacia la economía subterránea, la Confederación ha planteado un rediseño fiscal integral. Esta propuesta exige una revisión minuciosa de los impuestos, cuotas, derechos y costos operativos mediante una mesa de trabajo coordinada con las secretarías del Trabajo y Previsión Social, de Hacienda y Crédito Público, así como con el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Estrategias y peticiones puntuales al Gobierno
Dentro del pliego petitorio presentado por el sector empresarial destacan diversas acciones orientadas a flexibilizar la operación de las unidades económicas más vulnerables:
- Estímulos al impuesto sobre nómina.
- Apoyos temporales y verificables a nuevas contrataciones.
- Mecanismos focalizados para facilitar la seguridad social.
- Revisión de derechos y costos administrativos.
- Capacitación, digitalización y financiamiento.
- Reglas de cumplimiento proporcionales a las capacidades de los pequeños negocios.
- Acuerdos con plazos y resultados verificables en reducción de cargas, productividad y empleo formal.
- Evaluación de los efectos de la transición sobre ingresos, descanso, cobertura de servicios y viabilidad empresarial.
Para dimensionar el impacto de estas medidas, las proyecciones económicas señalan que un incremento hipotético de entre el 10 y el 12 por ciento sobre el salario mínimo actual —fijado en 315.04 pesos diarios— representaría una inyección directa de entre 958 y 1 mil 150 pesos adicionales al mes en el bolsillo del trabajador, cifra que arrastra consigo un incremento proporcional en las contribuciones patronales obligatorias.
El peso real de la formalidad laboral
Mantener una plantilla laboral en el marco de la legalidad implica para los empleadores mucho más que el pago del sueldo base. Un ejercicio financiero elaborado por el organismo empresarial demuestra que un salario bruto de 20 mil pesos mensuales genera un costo patronal directo cercano a los 26 mil pesos, lo que equivale a un 30 por ciento adicional que puede dispararse hasta rozar el 40 por ciento al sumar todas las prerrogativas de ley.
A esto se suman las prestaciones obligatorias como el pago de aguinaldo, las vacaciones con su respectiva prima vacacional y la contratación de personal de reemplazo durante los periodos de ausencia. Adicionalmente, las cuotas obrero-patronales destinadas al régimen de seguridad social cubren rubros tan diversos como riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez, guarderías y el sistema de ahorro para el retiro, sin dejar de lado la aportación patronal del 5 por ciento destinada al Infonavit.
El reto persistente de la informalidad en México
La urgencia de aligerar la presión fiscal cobra mayor relevancia al analizar los datos recientes del mercado laboral. Durante el segundo trimestre del año, cerca de 33.1 millones de personas —equivalentes al 55.1 por ciento de la población ocupada total en el país— se encontraban laborando en la informalidad. La gravedad del fenómeno se refleja en que, de las 599 mil 334 nuevas ocupaciones registradas a lo largo de 2026, la gran mayoría, es decir, 494 mil 607 plazas, correspondieron al sector informal.
Para frenar esta tendencia, los empresarios insisten en que las políticas públicas deben caminar de la mano del sector productivo. “Los problemas compartidos exigen responsabilidades compartidas. Queremos mejores salarios, más descanso y más personas con seguridad social. Para conseguirlo, necesitamos que los negocios familiares tengan condiciones para crecer y sostener esos derechos todos los días”, concluyó De la Torre.
