Cámara de Comercio estadounidense advierte al Senado mexicano sobre riesgos económicos de la reforma fiscal

La Cámara de Comercio de Estados Unidos (U.S. Chamber of Commerce) ha solicitado formalmente al Senado mexicano que rechace la reforma fiscal contemplada dentro del Paquete Económico 2027 en sus condiciones actuales. De acuerdo con el organismo empresarial, las modificaciones propuestas al Impuesto sobre la Renta (ISR) tienen el potencial de incrementar de forma considerable los costos operativos para las corporaciones estadounidenses que operan en el país, lo que restaría atractivo a la nación como un polo confiable para la llegada de capitales.

Por medio de una misiva enviada al senador Miguel Ángel Yunes y respaldada por Neil Herrington, vicepresidente senior para las Américas de dicha institución, el sector privado estadounidense reconoció que el propósito oficial de la iniciativa es erradicar prácticas de elusión y evasión de impuestos. Sin embargo, enfatizaron que el diseño actual corre el riesgo de castigar severamente a las corporaciones que cumplen cabalmente con sus obligaciones tributarias y que sostienen operaciones productivas permanentes, personal contratado, activos fijos y proyectos de largo plazo en territorio nacional.

“Por estas razones, la Cámara insta respetuosamente al Senado a no aprobar el Paquete Económico 2027 tal como está redactado”, señaló la organización a través del documento oficial enviado a los legisladores mexicanos.

Impacto directo en la deducción de gastos empresariales

El núcleo de las objeciones recae sobre las nuevas limitaciones impuestas a las deducciones de gastos corporativos. Según el análisis del organismo, estas restricciones podrían provocar que la base gravable supere con amplitud las ganancias reales de las empresas, aun cuando estas justifiquen erogaciones indispensables para su funcionamiento diario, tales como el pago de nóminas, administración de inventarios, cadenas de suministro, arrendamientos, depreciaciones y adquisición de insumos industriales.

Esta estructura fiscal podría traducirse, en la práctica, en un cobro mínimo obligatorio sobre los ingresos corporativos sin tomar en cuenta la rentabilidad neta real de cada entidad económica. El sector industrial más vulnerable ante este panorama estaría conformado por aquellos sectores que operan con márgenes estrechos, altos costos operativos o inversiones intensivas en infraestructura y capital.

Para las corporaciones transfronterizas integradas dentro de la región norteamericana, el impacto repercutirá directamente en su liquidez, frenando sus planes de expansión, la contratación de personal, la actualización tecnológica de sus cadenas logísticas y la estabilidad en las estructuras de costos hacia el consumidor final.

La asociación gremial advirtió que una mayor carga fiscal efectiva derivará indefectiblemente en un freno a la inversión extranjera directa, una reducción en las oportunidades laborales, un menor dinamismo económico general y un incremento en los precios finales de bienes y servicios para los ciudadanos.

Factores críticos que preocupan al sector industrial

Entre los puntos más alarmantes para la comunidad de negocios se encuentra la propuesta de reducir del 30 al 20 por ciento del ingreso gravable ajustado el tope máximo para la deducción de intereses netos. Para la Cámara, esta medida encarecerá el acceso al crédito y colocará a México en clara desventaja competitiva frente a otras economías integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Asimismo, la organización cuestionó severamente la intención gubernamental de limitar al 50 por ciento del ingreso gravable el uso de pérdidas fiscales acumuladas, incluso aquellas que se generaron con anterioridad a la promulgación de esta normativa. Esto, según advierten, altera de manera retroactiva las reglas bajo las cuales se planearon y estructuraron grandes inversiones a plazo extendido.

Adicionalmente, se prevén complicaciones financieras derivadas de modificaciones en la metodología de cálculo para los pagos provisionales del ISR, así como fricciones técnicas en las operaciones transfronterizas, especialmente aquellas vinculadas con los pagos efectuados a beneficiarios residentes en el extranjero.

En este último aspecto, el gremio alertó sobre la posibilidad latente de incurrir en escenarios de doble tributación, lo que entraría en colisión directa con los acuerdos y principios establecidos en el tratado fiscal vigente entre México y Estados Unidos.

Incertidumbre en precios de transferencia y llamados al diálogo

Otro motivo de profunda inquietud son los acuerdos anticipados de precios de transferencia, conocidos comúnmente como APA, los cuales otorgan certeza jurídica a las multinacionales respecto al tratamiento fiscal aplicable a sus transacciones internas con partes relacionadas. Las nuevas limitaciones podrían echar por tierra acuerdos comerciales y financieros que ya fueron negociados, revisados y validados por las autoridades tributarias de ambas naciones.

Ante este panorama adverso, la institución solicitó a los integrantes del Senado realizar modificaciones sustanciales al dictamen para garantizar la protección de los gastos operativos legítimos, conservar el umbral actual del 30 por ciento para la deducción de intereses y permitir el uso completo y sin restricciones de las pérdidas fiscales acumuladas con anterioridad.

Asimismo, plantearon la urgencia de diseñar marcos de protección para aquellas empresas que demuestren operaciones reales, contabilidad transparente y cumplimiento puntual, implementando además reglas transitorias claras para proteger las inversiones y esquemas de financiamiento ya consolidados.

“Fortalecer las finanzas públicas y preservar la competitividad de México son objetivos complementarios”, concluyó el organismo en su posicionamiento oficial ante el Poder Legislativo.