El dilema del crecimiento lento en México
Durante décadas, la economía mexicana ha permanecido atrapada en un fenómeno que el experto académico Rolando Cordera definió con precisión como estancamiento estabilizador. Este concepto describe una fase prolongada de expansión moderada donde los indicadores macroeconómicos nominales se mantienen en orden, pero contrasta drásticamente con el histórico desarrollo estabilizador registrado entre las décadas de 1950 y 1970, periodo en el cual el país avanzaba a un ritmo del 6 por ciento anual respaldado por una inflación contenida y estabilidad cambiaria.
Esta persistente atonía económica impide aprovechar de manera adecuada el bono demográfico, una ventana temporal caracterizada por el crecimiento acelerado de la población en edad de trabajar que inevitablemente transitará hacia una etapa de envejecimiento en los próximos años. Asimismo, la escasa generación de riqueza limita severamente la recaudación fiscal, lo que obliga a sostener presupuestos sumamente reducidos para sectores estratégicos como la salud, la educación, la protección ambiental y la infraestructura de comunicaciones.
Infraestructura deficitaria y la renuncia al desarrollo
Los saldos de esta política presupuestaria son visibles en todo el territorio nacional a través de centros educativos insuficientes, hospitales mal equipados, redes carreteras deterioradas y un transporte público deficiente. Mantener una economía estancada en un país con tantas carencias estructurales equivale, en la práctica, a una renuncia al desarrollo social y productivo.
A pesar de este panorama, los criterios de política económica presentados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no contemplan modificaciones para romper la inercia del crecimiento mediocre. La teoría económica demuestra que, para superar las fases recesivas, se requiere un impulso decidido mediante la inversión y el gasto públicos capaces de estimular tanto la producción como la demanda interna, permitiendo que el sector privado amplíe sus operaciones y genere nuevas plazas laborales.
Perspectivas desalentadoras para el empleo y la inversión
Para el año 2027, las proyecciones gubernamentales sitúan el incremento del Producto Interno Bruto en un rango de entre 1.5 y 2.5 por ciento, una cifra inferior a la estimada para 2026. Esta desaceleración ya muestra repercusiones negativas en el mercado laboral: de acuerdo con registros oficiales, durante el primer semestre de 2026 la población ocupada disminuyó en 84 mil personas, mientras que la tasa de informalidad laboral escaló del 54.8 al 55 por ciento.
El presupuesto proyectado para el próximo año contempla destinar a la inversión física pública apenas la mitad de los recursos asignados a las transferencias directas, otorgando más de un billón de pesos a programas sociales frente a los 560 mil millones de pesos orientados a infraestructura. Esta distribución confirma una estrategia que prioriza los réditos de corto plazo por encima de la consolidación de capacidades productivas duraderas.
Una estrategia de bajo crecimiento a largo plazo
Los datos oficiales revelan que la atonía económica se asume como una condición permanente, ya que la propia dependencia federal proyecta incrementos del PIB de entre 1.5 y 2.5 por ciento anual de forma sostenida hasta 2032. De este modo, la nación desaprovechará por completo su bono demográfico bajo un esquema de expansión económica sumamente limitada.
En paralelo, las previsiones indican que los ingresos presupuestarios descenderán del 23.2 por ciento del PIB en 2027 al 22.8 por ciento en el lustro siguiente. Como consecuencia directa, la inversión física experimentará una contracción progresiva, pasando de un magro 2.6 por ciento del PIB en 2027 hasta tocar un mínimo de 1.5 por ciento hacia 2032.
Los especialistas advierten que la inversión pública y la privada actúan de manera complementaria, por lo que el repliegue de los recursos estatales terminará por desincentivar la participación empresarial. Al mismo tiempo, se prevé una reducción en el gasto programable, que pasará del 18.9 por ciento del PIB en 2027 al 18.1 por ciento en 2032. Dado que el gasto destinado al pago de pensiones absorberá entre el 4.7 y el 5.1 por ciento del PIB, el ajuste recaerá inevitablemente sobre las áreas de desarrollo económico.
Mediante esta política de carácter restrictivo, la administración federal busca cumplir estrictamente con metas nominales de control de déficit y deuda pública, sacrificando nuevamente los objetivos fundamentales de bienestar social, generación de empleo y crecimiento sostenido.
