El impulso del IVA frena la caída fiscal en México, pero persisten dudas sobre el crecimiento futuro
La administración encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum ha trazado directrices económicas muy claras a través del llamado Plan México, cuyo propósito fundamental es posicionar a la nación dentro del top 10 de economías globales y garantizar un ritmo de expansión sostenido del 3 por ciento anual en el largo plazo. Para materializar esta ambiciosa visión, el país necesita canalizar volúmenes masivos de capital, estimando una inversión equivalente al 25 por ciento del PIB durante el presente ejercicio y superando el 28 por ciento hacia 2030, sumando esfuerzos tanto del sector público como de la iniciativa privada.
Desafíos en la inversión y cautela empresarial
A pesar de las metas gubernamentales, la formación bruta de capital fijo muestra signos de agotamiento y no se ha recuperado de forma sostenible, situándose actualmente en el 21.8 por ciento del PIB. Esta cifra contrasta de manera notable con el pico de 24.5 por ciento registrado al cierre de 2024, de acuerdo con un análisis difundido recientemente por el banco de inversión UBS. Dicho comportamiento pone en evidencia la cautela del sector empresarial, un fenómeno atribuido principalmente a la revisión pendiente del tratado comercial T-MEC y a las crecientes demandas de integración regional en cadenas de valor sumamente estratégicas, como el desarrollo y equipamiento vinculado con inteligencia artificial.
Los especialistas coinciden en que alcanzar el umbral de inversión deseado exige, como condición indispensable, mantener un clima de estabilidad económica capaz de inspirar absoluta certidumbre tanto en los hombres de negocios locales como en el capital extranjero. Esto demanda, por añadidura, un manejo sumamente prudente de la política fiscal para garantizar un financiamiento sano del gasto público, fomentando paralelamente una mayor generación de ahorro interno que impulse la capacidad de maniobra del Estado.
Comportamiento de las finanzas públicas
Sin embargo, el panorama actual presenta retos complejos, ya que los ingresos públicos enfrentan presiones a la baja que dificultan los planes oficiales de robustecer el gasto social y la inversión en infraestructura. Los reportes más recientes emitidos por la Secretaría de Hacienda respecto al estado de las finanzas y la deuda pública revelan una marcada debilidad en la recaudación durante los primeros ocho meses del año.
En el periodo comprendido entre enero y agosto, los ingresos presupuestarios totales del sector público ascendieron a 5 billones 661 mil millones de pesos. Aunque esto representó un incremento real anual del 1.3 por ciento, la cifra quedó corta frente a las expectativas oficiales, ubicándose 201 mil millones de pesos por debajo de lo previsto en la Ley de Ingresos de la Federación.
Por su parte, la recaudación tributaria del gobierno federal cerró agosto en 3 billones 857 mil millones de pesos, reflejando un crecimiento real de apenas 0.6 por ciento en comparación con el mismo ciclo del año previo. Esta evolución significó que los recursos fiscales se quedaron 107 mil millones de pesos por debajo de lo programado para dicho lapso.
El contraste entre ISR e IVA
El factor más preocupante detrás de esta desaceleración provino del Impuesto Sobre la Renta (ISR). Dicho gravamen, tradicionalmente responsable de aportar casi 52 de cada 100 pesos a la recaudación total, sufrió una contracción de 5.6 por ciento en términos reales anuales, acumulando un déficit de 124 mil millones de pesos frente a las metas calendarizadas. Esta caída llama poderosamente la atención al desentonar con el dinamismo que mostró la actividad económica general durante el segundo trimestre y el inicio del verano.
Afortunadamente para las arcas nacionales, el bache generado por el ISR encontró un amortiguamiento significativo en el Impuesto al Valor Agregado (IVA). De acuerdo con las estadísticas oficiales, la recaudación del IVA experimentó un notable repunte de 11.4 por ciento real anual en el acumulado a agosto, marcando su avance más robusto para un periodo semejante desde 2021 y logrando superar en 123 mil millones de pesos la meta prevista.
El repunte de este impuesto al consumo estuvo apuntalado fundamentalmente por un incremento del 23 por ciento solo durante el mes de agosto, un fenómeno que la autoridad fiscal atribuyó directamente a «el dinamismo del consumo interno y el fortalecimiento de la gestión aduanera». En términos prácticos, cada peso perdido por el menor dinamismo del ISR terminó siendo compensado por la mayor captación de recursos a través del IVA.
Perspectivas y dilemas fiscales futuros
Actualmente, el IVA se consolida como la segunda fuente más relevante de recursos para el erario federal, superado únicamente por los ingresos derivados del ISR y duplicando con holgura la aportación fiscal generada por la industria petrolera. Entre enero y agosto, este impuesto indirecto concentró el 28.7 por ciento de los ingresos totales y el 30.8 por ciento de los ingresos tributarios del gobierno.
Ante este escenario, surge una interrogante ineludible sobre qué opciones se tienen para absorber de manera definitiva el impacto derivado de la reducción del ISR en caso de que esta tendencia recaudadora negativa persista a mediano plazo. Si las autoridades optan por recortar el gasto corriente y la inversión pública para evitar un endeudamiento excesivo que ponga en riesgo la calificación crediticia soberana, se afectaría directamente el objetivo de crecimiento económico planteado en el centro de la estrategia nacional.
