Un aceleramiento demográfico sin precedentes
Los grandes cambios sociales rara vez ocurren de la noche a la mañana; por lo general, se gestan en silencio durante años hasta que una medición oficial revela una nueva realidad. Esto sucedió recientemente tras la publicación de los datos de la Encuesta Intercensal del INEGI, un ejercicio estadístico exhaustivo que dejó en evidencia una transformación profunda en la estructura poblacional del país.
De acuerdo con las cifras del organismo, México alcanzó la configuración etaria que las proyecciones gubernamentales estimaban recién para el año 2030. En términos prácticos, el futuro demográfico se adelantó cinco años.
Hacia el mes de octubre de 2025, el territorio nacional albergaba a 130.9 millones de habitantes, pero el dato verdaderamente determinante no es el volumen total de la población, sino qué edades tenemos.
El informe señala que la edad mediana pasó de 29 a 32 años en apenas un lustro. Paralelamente, el segmento de 60 años o más ya asciende a 19.2 millones de personas, lo que representa el 14.7 por ciento de la población total, una proporción que los planes oficiales proyectaban alcanzar al concluir la presente década.
Factores detrás de la transformación poblacional
La velocidad con la que se ha modificado la pirámide poblacional responde a dos fenómenos simultáneos. Por un lado, la caída drástica en la natalidad: la tasa de fecundidad se desplomó de 1.9 hijos por mujer en 2019 a 1.2 en 2024, situándose en niveles similares a los de naciones como Japón. Por otro lado, la salida de casi 1.3 millones de personas en los últimos cinco años, en su mayoría jóvenes de entre 20 y 34 años. Como resultado, la base de la pirámide se estrecha mientras la cúspide se ensancha.
Los retos fiscales a cinco años
Este fenómeno no es un asunto exclusivo de especialistas en demografía; se trata del factor determinante que condicionará las finanzas públicas, la economía familiar y el sistema sanitario en el corto y mediano plazo. En el horizonte de un lustro, el reto principal es fiscal.
El gasto destinado al pago de pensiones, sumando las aportaciones contributivas y los apoyos gubernamentales, escaló desde el 4.6 por ciento del PIB en 2020 hasta el 6.3 por ciento contemplado en el proyecto presupuestal, lo que equivale a unos 2.5 billones de pesos. Estimaciones especializadas apuntan a que dicha cifra rondará el 9 por ciento hacia 2030.
Ante este panorama, cuatro de cada diez pesos del gasto público se encuentran comprometidos antes de destinar recursos a la construcción de infraestructura educativa o médica, lo que reduce drásticamente el margen de maniobra para el erario.
El panorama a diez años y las pensiones
A mediano plazo, la naturaleza del desafío se transformará. Hacia mediados de la próxima década comenzarán los retiros masivos de aquellos trabajadores que cotizaron bajo el esquema de cuentas individuales implementado en 1997.
La discusión central girará en torno a la suficiencia de los recursos administrados por las Afores, cuyas percepciones económicas podrían ser modestas para quienes tuvieron trayectorias laborales marcadas por la informalidad. En este escenario, la protección base recaerá en esquemas gubernamentales como la Pensión del Bienestar. Muestra de esta transición es que la mitad de los hogares del país, exactamente el 50.1 por ciento frente al 38.5 por ciento registrado cinco años atrás, ya percibe ingresos ajenos al mercado laboral formal, tales como pensiones, ayudas gubernamentales o remesas.
El desafío sanitario y de cuidados a veinte años
Mirando hacia el horizonte de 2040, el país albergará a cerca de 28 millones de adultos mayores de 60 años, y para mediados de siglo, una de cada cuatro personas en México pertenecerá a este grupo etario.
No obstante, la infraestructura actual parte de bases estrechas: el gasto público en salud se ubica alrededor del 3 por ciento del PIB, la mitad de la recomendación internacional, mientras que la afiliación a servicios médicos disminuyó del 77.1 al 72.5 por ciento de la población entre 2020 y 2025. A esto se suma el reto epidemiológico de padecimientos crónicos como la diabetes y la hipertensión.
Ante las limitaciones de la cobertura pública, las familias buscan alternativas por cuenta propia. Un indicador de esta tendencia es que el seguro médico privado casi duplicó su presencia en un quinquenio, pasando del 3.7 al 6.9 por ciento de penetración.
Quienes carecen de recursos para sufragar protección privada recurren al gasto de bolsillo y al trabajo de cuidado no remunerado, una carga que recae mayoritariamente sobre las mujeres del núcleo familiar. De este modo, los costos del envejecimiento poblacional se están transfiriendo de manera silenciosa hacia los hogares, evidenciando la necesidad urgente de diseñar políticas públicas integrales antes de que el tiempo se agote por completo.
