El panorama fiscal colombiano se deteriora más de lo previsto
Las finanzas públicas de Colombia han mostrado un debilitamiento considerable que superó las proyecciones iniciales de los mercados internacionales. La revelación del presupuesto dejó al descubierto compromisos financieros que previamente no se encontraban del todo contabilizados, desplazando el foco de atención de los inversionistas hacia la aptitud de la administración liderada por Abelardo De la Espriella para implementar la corrección económica anunciada.
De acuerdo con las estimaciones de los principales bancos de inversión, el saldo negativo del Gobierno Nacional Central se ubicaría en el 7,2% del PIB en 2026 y escalaría hasta un nivel histórico del 9,4% en 2027. Analistas financieros coinciden en que este incremento responde fundamentalmente a un sinceramiento de obligaciones previas más que a la generación de nuevos gastos discrecionales.
El endeudamiento añade un componente de alta tensión. Proyecciones de Goldman Sachs indican que la deuda neta pasará del 59,7% del PIB en 2026 al 66,2% en 2027, mientras que los requerimientos brutos de financiamiento treparán hasta los COP$266 billones (US$83.000 millones). Ante este escenario, Santiago Téllez, economista de Goldman Sachs, advierte que las nuevas cifras muestran que el punto de partida para el ajuste fiscal es “peor de lo que se entendía anteriormente”, estimando que la consolidación formal podría arrancar en 2028, aunque no descarta que comience en 2027.
Reconocimiento de pasivos y revisión de ingresos
La actualización presupuestal gubernamental amplió significativamente la brecha proyectada. Para 2026, el déficit aumentó en 1,9 puntos porcentuales frente a la guía anterior, mientras que para 2027 el incremento fue de 4,9 puntos. Este salto incorpora obligaciones que se encontraban invisibilizadas, tales como pasivos por COP$9,6 billones (US$3.000 millones) en el Fondo de Estabilización de Precios del Combustible (FEPC), además de subsidios energéticos, deudas en salud y pensiones, y costos derivados de la reconstrucción tras el terremoto.
Por su parte, JPMorgan contabilizó cerca de COP$23 billones (US$7.200 millones) en compromisos heredados que no estaban plenamente registrados. A pesar del impacto, la entidad financiera valoró el sinceramiento oficial al señalar que “la disposición del Gobierno a cuantificar el desequilibrio fiscal heredado en lugar de ocultarlo es un paso adelante significativo”.
En la misma línea, analistas de Citi describen la medida como un reinicio contable. Esteban Tamayo, experto de la entidad, explica que el déficit proyectado del 9,4% funciona como una fotografía preliminar que absorbe atrasos y pasivos, al tiempo que ajusta los ingresos bajo una perspectiva más conservadora. Las proyecciones de ingresos para 2027 se redujeron en COP$41 billones (US$12.800 millones), mientras que las erogaciones totales se elevaron a COP$529,2 billones (US$165.200 millones).
El desafío del financiamiento y la estrategia de gasto
El tamaño del desbalance no es el único desafío para la economía nacional. Las necesidades brutas de recursos para 2027 ascenderán a COP$266,3 billones (US$83.100 millones), requiriendo COP$150,9 billones (US$47.100 millones) por la vía interna y COP$87,7 billones (US$27.400 millones) mediante fuentes externas. Para los mercados, la incógnita principal radica en la estrategia para cubrir estos montos, especialmente en lo referente al componente internacional.
Adicionalmente, las amortizaciones crecerán de manera notable hasta alcanzar los COP$57,2 billones (US$17.900 millones). Desde Natixis, el economista Benito Berber califica de “positivo en términos netos” el enfoque del Ejecutivo de priorizar recortes al gasto por encima de la creación de nuevos gravámenes, aunque advierte que los niveles de déficit y deuda seguirán presionando las cuentas públicas.
Para contener esta situación, el presupuesto contempla medidas de austeridad estimadas en COP$17,5 billones (US$5.500 millones), enfocadas en la reducción de compras operativas y la priorización de proyectos de inversión. No obstante, el éxito de la consolidación dependerá en gran medida de la aprobación de la Ley de Rescate en el Congreso, un instrumento con el que se busca un ajuste equivalente a 2,2 puntos del PIB.
JPMorgan advierte que “la trayectoria legislativa de la Ley de Ajuste Fiscal es el riesgo clave de ejecución”. Con el tamaño real de las cuentas fiscales ya sobre la mesa, la verdadera prueba para el Gobierno consistirá en transformar los anuncios de austeridad y las metas presupuestales en un ahorro efectivo que devuelva la confianza a los mercados internacionales.
