Un avance clave para la agenda económica del oficialismo en la Cámara Baja
La administración que encabeza el presidente Javier Milei consiguió un hito legislativo fundamental al obtener la media sanción para el proyecto de modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Tras un extenso debate en el recinto, la iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo prosperó en la Cámara de Diputados al registrar 144 votos afirmativos, 102 negativos y 9 abstenciones.
El núcleo de la normativa apunta a modificar de raíz el funcionamiento de la autoridad monetaria. Entre sus disposiciones principales, el texto busca prohibir de manera definitiva el financiamiento al Tesoro nacional y redefinir los propósitos de la institución para que su misión exclusiva sea preservar el valor de la moneda, suprimiendo de esta forma los múltiples objetivos que se habían incorporado en el año 2012.
Modificaciones estructurales y límites al financiamiento
Asimismo, el articulado aprobado estipula restricciones estrictas para la adquisición directa de títulos públicos y fija topes rigurosos para la distribución de utilidades. La propuesta también dificulta la destitución de los integrantes de su directorio e introduce una prohibición explícita vinculada a la emisión de nuevas Letras Intransferibles.
Mientras aguarda que comience el análisis formal de la ley de Inocencia Fiscal, el Palacio de Hacienda y el propio mandatario celebraron el resultado legislativo. Desde la perspectiva oficial, este cambio normativo representa un pilar insustituible para encauzar la economía nacional. En esa línea, el jefe de Estado manifestó públicamente que la medida constituye “un paso fundamental para erradicar a la inflación de la vida de los argentinos”.
Poco después de conocerse el resultado en el recinto, el mandatario utilizó las plataformas digitales para arengar a sus seguidores y legisladores de cara al siguiente paso parlamentario: “Ahora a pelearla en el Senado”, expresó el Presidente en redes sociales.
Muchas gracias Diputados Nacionales por acompañar el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del BCRA.
Un paso fundamental para erradicar a la inflación de la vida de los argentinos de bien…!!!
Ahora a pelearla en el Senado.
VLLC!
— Javier Milei (@JMilei) August 26, 2026
Advertencias de la oposición y tensiones por la agenda legislativa
A pesar del triunfo obtenido con la reforma del BCRA, el desarrollo de la jornada legislativa dejó un panorama complejo para el oficialismo. Momentos antes, los bloques opositores intentaron sin éxito incorporar al debate dos iniciativas resistidas por la administración libertaria: el alivio ante el endeudamiento récord de los hogares y la prórroga de la emergencia en discapacidad.
Si bien no consiguieron los dos tercios necesarios para habilitar el tratamiento sobre tablas en esa misma sesión, los sectores opositores evidenciaron su músculo numérico al cosechar 133 votos a favor, una cifra que supera los 129 escaños requeridos para garantizar el quórum. Ante este escenario, fuentes parlamentarias señalan que la oposición buscará convocar a una sesión especial el próximo 9 de septiembre para tratar dichos expedientes.
Hasta el momento, el Ejecutivo se ha mantenido al margen de las discusiones sobre el endeudamiento de las familias, desestimando su injerencia al calificarlo como un “asunto entre privados” y frenando el debate de cerca de treinta proyectos presentados al respecto.
El conflicto persistente en torno a la emergencia en discapacidad
Por otro lado, la normativa vinculada a la discapacidad continúa siendo uno de los flancos más resistidos en la relación entre la Casa Rosada y el Parlamento. La ley original había sido sancionada a mediados de 2025 y posteriormente vetada por el Ejecutivo en agosto de ese mismo año. Sin embargo, el Congreso logró una histórica insistencia en septiembre al reunir los dos tercios en ambas cámaras, marcando la primera vez en 22 años que el Poder Legislativo revertía un veto presidencial.
Aunque el Gobierno promulgó la ley en el Boletín Oficial tras la presión parlamentaria, en un principio frenó su ejecución argumentando la ausencia de partidas presupuestarias específicas. Finalmente, tras un pronunciamiento judicial adverso, la administración la reglamentó con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026. Ahora, el arco opositor presiona para extender su alcance hasta la finalización de 2027.
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