Desmantelan anexo clandestino en Jalisco: rescatan a casi 90 personas que vivían en condiciones precarias
Un despliegue táctico coordinado entre corporaciones de seguridad y procuración de justicia permitió la intervención de un establecimiento destinado al supuesto tratamiento de adicciones que funcionaba de manera completamente irregular en el municipio de Zapopan, Jalisco. El sitio, situado en las inmediaciones de la colonia Mariano Otero, operaba al margen de la ley y presentaba graves problemáticas sanitarias y de seguridad.
La incursión de las autoridades estatales se originó tras diversas pesquisas derivadas de una carpeta de investigación por los delitos de amenazas y lesiones, así como por un reporte confidencial recibido en el sistema de denuncia anónima 089, el cual alertaba sobre posibles situaciones de riesgo y retención en contra de la voluntad dentro del inmueble ubicado en la calle Azaleas.
Hallazgo de decenas de afectados y aseguramiento de armamento
Durante la inspección judicial y ministerial al interior del edificio, las fuerzas del orden contabilizaron a 89 personas que se encontraban albergadas en espacios reducidos, lo que generaba un severo problema de hacinamiento. Del total de los internos, las autoridades especificaron que se trataba de 86 hombres adultos y tres adolescentes.
Asimismo, los agentes ministeriales, peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y personal de trabajo social lograron el decomiso de armas de fuego, cartuchos útiles y sustancias con características propias de drogas, además de máquinas tragamonedas cuya presencia en el lugar estaba prohibida por la normativa vigente.
Como resultado directo de esta intervención operativa, las autoridades procedieron a la detención de dos hombres, quienes quedaron a disposición de la representación social para definir su situación jurídica conforme avancen las investigaciones pertinentes.
Condiciones de vulnerabilidad y posibles delitos paralelos
Las indagatorias preliminares revelaron múltiples anomalías administrativas y de derechos humanos. El sitio carecía por completo de la licencia municipal obligatoria para prestar servicios de salud o atención a personas con problemas de consumo de sustancias. Entre los hallazgos más alarmantes se documentó la presencia de alimentos en estado de descomposición, carencia de agua potable y falta de ventilación adecuada.
De manera simultánea, las instancias de seguridad indagan una línea de investigación extraoficial relacionada con una supuesta red de explotación laboral. Algunos testimonios recabados en el sitio apuntan a que los internos presuntamente eran obligados a comercializar flores en cruceros y vialidades públicas para generar recursos económicos en favor de los administradores del centro.
Por su parte, las personas localizadas fueron sometidas a valoraciones médicas y filtros de seguridad para descartar que contaran con antecedentes penales, mandamientos judiciales vigentes o que figuraran en registros de personas desaparecidas.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco emitió un posicionamiento oficial respecto al destino de los rescatados: “Las 89 personas fueron revisadas para descartar que contaran con orden de aprehensión o estuvieran relacionadas con alguna denuncia por desaparición y posteriormente fueron entregadas a sus familiares”.
Las fiscalías especializadas continúan integrando la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer los hechos, fincar responsabilidades penales contra los probables implicados y garantizar la protección de las víctimas afectadas por estas prácticas irregulares.
