Un balance operativo con fuertes números rojos
La aerolínea gestionada por el Estado mexicano cerró la primera mitad del año enfrentando un panorama financiero adverso. De acuerdo con los registros contables analizados, la compañía acumuló un déficit operativo de 513 millones de pesos durante los primeros seis meses del ejercicio, evidenciando las dificultades económicas que atraviesa la empresa desde su reanudación de operaciones.
Al examinar el estado de resultados, la empresa registró mermas por 2.8 millones de pesos diarios en promedio durante este periodo. Cabe destacar que esta cifra no contempla los cuantiosos recursos gubernamentales destinados a contrarrestar la falta de ingresos propios ni las partidas extraordinarias asignadas para la adquisición de flota.
Durante el semestre, los ingresos totales de la aerolínea ascendieron a 270 millones de pesos. Sin embargo, los gastos operativos necesarios para mantener la red de vuelos —incluyendo nóminas y costos logísticos— superaron los 783 millones de pesos.
Costos operativos muy por encima de los ingresos por pasajero
La disparidad entre la oferta comercial y los gastos corrientes se refleja claramente en el rendimiento por viajero. Mientras que la línea aérea captaba un promedio de mil 98 pesos por cada usuario transportado, el desembolso real para movilizar a esa misma persona se elevó hasta los 3 mil 188 pesos.
A este desequilibrio financiero se sumó la presión internacional generada por el encarecimiento de la turbosina. Si bien la incorporación gradual de aeronaves Embraer 190 ha permitido ampliar la oferta de asientos, el factor de ocupación promedio se mantiene rezagado frente al promedio de la industria aérea nacional, impidiendo alcanzar el umbral de rentabilidad.
Para sostener sus operaciones, la compañía se ha beneficiado de un doble mecanismo de inyección de recursos públicos. Por un lado, mediante el presupuesto fiscal se le transfirieron mil 242 millones de pesos en el semestre; por otro lado, a través de un fideicomiso específico para la compra de aviones, se canalizaron otros 2 mil 596 millones de pesos. En total, la aerolínea ha recibido más de 3 mil 800 millones de pesos del erario federal en este periodo.
Ausencia de proyecciones y un plan de negocios inexistente
Ante la solicitud formal de transparencia para conocer la actualización del plan estratégico de la empresa estatal, metas de transporte y plazos para alcanzar la autosuficiencia financiera, la administración respondió que, tras una búsqueda exhaustiva, «esta Aerolínea del Estado Mexicano, S.A. de C.V., realizó una búsqueda exhaustiva y razonable en cada una de las direcciones que conforman esta entidad paraestatal, sin encontrar expresión documental referente a lo solicitado».
El único documento oficial disponible data de la etapa fundacional de la empresa, cuando se proyectaba operar con modelos Boeing. En aquel expediente inicial entregado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se estimaba que la aerolínea sería subsidiada hasta el 2029. Ante la falta de reportes actualizados recientes, cuestionamientos sobre el punto de equilibrio han sido respondidos por la dirección general con referencias a declaraciones públicas del titular de la empresa, Leobardo Ávila, quien sostiene que la meta financiera se logrará hacia el año 2030, aunque sin aportar documentación de respaldo.
Como resultado de esta dinámica, las proyecciones de inversión iniciales han escalado drásticamente, pasando de una estimación original de 5 mil millones de pesos a una requerida de más de 20 mil millones de pesos para el equipamiento aéreo.
Frentes legales internacionales y litigios mercantiles
Además de los retos operativos y financieros, la compañía enfrenta diversos procesos legales en tribunales mercantiles, laborales y de carácter internacional.
El litigio de mayor magnitud se ventila en una corte federal de Nueva York, donde la firma SAT Aero interpuso una demanda por incumplimiento de contrato, exigiendo una compensación económica de al menos 15 mil millones de pesos.
La compañía con sede en Texas argumenta que la aerolínea estatal incumplió los acuerdos establecidos en el esquema de arrendamiento de aeronaves que, de acuerdo con la denuncia, nunca llegaron a manos de la empresa mexicana pese a los convenios pactados. Por su parte, la administración de la aerolínea sostiene que fue la contraparte la que falló en los plazos de entrega a pesar de los anticipos otorgados. Actualmente, el proceso legal continúa en su fase de desahogo de pruebas y alegatos ante la Corte de Distrito Sur de Nueva York.
