Críticas a la reforma de Sheinbaum: rechazan prohibición de doble nacionalidad en puestos clave
El debate en torno a los requisitos constitucionales para acceder a puestos de alta responsabilidad política en México ha escalado de manera significativa. Recientemente, el presidente de la American Society of Mexico, Larry Rubin, expresó su rotundo rechazo a la iniciativa impulsada por el gobierno federal, al catalogarla como un “gravísimo error” que pone en entredicho el compromiso cívico de millones de connacionales radicados tanto dentro como fuera del territorio nacional.
La postura del dirigente empresarial surge a raíz de la iniciativa promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum, la cual busca modificar la normativa vigente para prohibir que ciudadanos con más de un pasaporte puedan postularse a la Presidencia de la República, gubernaturas estatales o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Ante este escenario, el representante del Partido Republicano en México argumentó que poseer documentos migratorios de otra nación no interfiere de ninguna manera con la soberanía del país.
“Definitivamente creemos que el hecho de que un ciudadano tenga dos o más pasaportes no afecta en absoluto temas de soberanía. Al contrario, el tener otro pasaporte es un simple acto que no tiene nada que ver con lealtades”, señaló durante sus declaraciones públicas sobre el tema.
Impacto potencial sobre millones de ciudadanos
Durante su análisis sobre el alcance de la reforma, el empresario de origen mexico-americano advirtió que la restricción legal afectaría de forma directa a una base demográfica sumamente amplia. Según las estimaciones expuestas por el dirigente, cerca de 20 millones de mexicanos tienen doble nacionalidad en México, mientras que aproximadamente 40 millones de mexicanos viven en Estados Unidos, lo que conforma un universo de casi 60 millones de personas que podrían verse excluidas de sus derechos políticos bajo el argumento de una supuesta falta de arraigo.
Para Rubin, resulta fundamental separar la documentación jurídica del compromiso real que un individuo tiene con su patria. Bajo su perspectiva, ningún ciudadano que ostente un cargo público actúa como delegado de una nación extranjera solo por contar con vínculos binacionales. Asimismo, enfatizó que la honestidad y la fidelidad hacia el Estado deben medirse mediante criterios de desempeño y conducta pública transparente, y no a través de limitaciones migratorias.
“Ningún ciudadano, menos que sea funcionario público, representa a otro país”, afirmó, reiterando que “la lealtad se analiza y se mide de otras formas”.
🚨“Es un gravísimo error”, afirmó Larry Rubin, presidente de la American Society México, al cuestionar la propuesta de prohibir la doble nacionalidad para quienes aspiren a la Presidencia, gubernaturas o la Jefatura de Gobierno.
Rubin sostuvo que tener doble nacionalidad no… pic.twitter.com/r3ARnNxRQM
— Azucena Uresti (@azucenau) September 5, 2026
Llamado al poder legislativo para revisar el proyecto
Ante la inminente discusión de la reforma en el Poder Legislativo, el representante de la comunidad empresarial hizo un exhorto directo a los congresistas de todas las fuerzas políticas para evaluar con rigor las repercusiones de la medida. A su juicio, los legisladores deben evitar decisiones que terminen por marginar a una porción considerable de la población que mantiene lazos estrechos con ambas naciones.
Calificando nuevamente la propuesta como “castigar” a casi 60 millones de mexicanos en el mundo y en México, el líder asociativo insistió en que las autoridades deben reflexionar sobre la naturaleza de la iniciativa antes de aprobar candados que limiten la participación democrática.
“Esperemos que los legisladores de todos los partidos analicen a profundidad que una cosa no tiene que ver con la otra”, concluyó el dirigente al reiterar su confianza en que el Congreso modifique su perspectiva sobre el asunto.
Los detalles de la iniciativa impulsada por el Ejecutivo
La propuesta de reforma constitucional fue presentada oficialmente por la presidenta Claudia Sheinbaum y contempla modificaciones específicas a los artículos 86, 116 y 122 de la Constitución. El objetivo central de la iniciativa es establecer como requisito indispensable que cualquier persona interesada en gobernar el país o dirigir administraciones estatales posea exclusivamente la nacionalidad mexicana desde su nacimiento o registro, exigiendo la renuncia previa a cualquier otra ciudadanía en caso de contar con ella.
La administración federal ha defendido el proyecto argumentando la necesidad de blindar las decisiones gubernamentales frente a posibles conflictos de interés o lealtades divididas. La mandataria federal ha señalado que quienes asuman la titularidad del Poder Ejecutivo federal o local deben responder de manera unívoca a los intereses de la ciudadanía mexicana, garantizando que no existan vínculos jurídicos con otros estados que puedan entorpecer el ejercicio del servicio público.
Pese al avance legislativo que tendrá la iniciativa en los próximos meses, las disposiciones contempladas no aplicarían para los comicios de carácter intermedio, sino que entrarían en vigor formalmente rumbo a los comicios presidenciales programados para el año 2030.
