Crisis en Paraguay demuestra la urgencia de dividir la política y la economía, afirma Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que los recientes acontecimientos en Sudamérica evidencian la imperiosa necesidad de mantener una división estricta entre el poder económico y el ejercicio gubernamental. Sus declaraciones surgieron a raíz de la dimisión del mandatario paraguayo, Santiago Peña, quien dejó su puesto en medio de una severa inestabilidad financiera que afecta a amplios sectores de la población de ese país.

Durante su conferencia de prensa matutina de este viernes 6 de noviembre, la jefa del Ejecutivo federal mexicano optó por mantener la cautela al ser cuestionada sobre la coyuntura sudamericana. La mandataria evitó emitir un posicionamiento crítico y argumentó que todavía es necesario recopilar mayores elementos y detalles sobre el trasfondo de esta problemática antes de emitir un juicio definitivo.

La postura de México ante la caída del gobierno paraguayo

Pese a la prudencia mostrada ante la falta de información oficial completa, Sheinbaum subrayó que los datos preliminares apuntan a un conflicto de intereses directamente relacionado con el exmandatario. La titularidad del poder público no debe cruzarse con intereses financieros privados, un principio que su administración ha defendido de manera reiterada.

“Parece que el hoy expresidente estaba involucrado en este banco, que esa es la razón por la cual él toma la decisión de dimitir, y por eso siempre nosotros hemos dicho que tiene que haber separación del poder económico y el poder político”, expresó la funcionaria ante los medios de comunicación acreditados.

El colapso financiero y el impacto social en Paraguay

La tormenta institucional y económica en territorio paraguayo comenzó el pasado martes 3 de noviembre, cuando Ueno Bank, catalogada como una de las entidades financieras con mayor peso en la nación, sufrió una intervención gubernamental de emergencia. Esta medida drástica se implementó luego de que su índice de solvencia se desplomara por debajo del 50 por ciento, encendiendo las alarmas del sistema monetario nacional.

Como respuesta inmediata, el Banco Central de Paraguay asumió el control de la institución para evitar un daño sistémico mayor. Sin embargo, la intervención provocó la retención indefinida de recursos pertenecientes al erario público, así como el bloqueo en el acceso a los fondos de los cuentahabientes particulares, incluidos numerosos jubilados que dependen de estos ahorros para su subsistencia diaria.

Estadísticas oficiales de la propia institución financiera revelan la magnitud del problema: el banco operaba con una base de 3 millones de clientes, lo que representa aproximadamente el 60 por ciento de la población adulta de Paraguay. Asimismo, administraba más de 800 millones de dólares en recursos procedentes del sector público, cifra que engloba cerca de 380 millones de dólares correspondientes al fondo estatal de pensiones. En cuanto a la protección de los particulares, el Fondo de Garantía de Depósitos local ampara los recursos individuales únicamente hasta un tope de 228 millones de guaraníes, una suma estimada en unos 38 mil 200 dólares por persona.

Las investigaciones judiciales y el futuro político de Santiago Peña

El panorama legal para el exmandatario se complicó de forma drástica el jueves 5 de noviembre, cuando la fiscalía general paraguaya instruyó la apertura de tres pesquisas penales distintas en torno al colapso de Ueno Bank, indagatorias en las que figuran tanto Santiago Peña como diversos colaboradores de su administración.

Los equipos ministeriales indagarán los mecanismos de supervisión gubernamental aplicados al banco, el manejo institucional de su bancarrota y las razones detrás de la colocación de cuantiosos recursos del Estado en dicha entidad comercial. Aunque el exgobernante no mantenía un vínculo patronal o de propiedad directa con el banco intervenido, sí se ha confirmado que guardaba nexos comerciales previos con el Grupo Vázquez, el consorcio empresarial que detentaba el control accionario de la institución.

Peña asumió la presidencia en 2023 tras ganar los comicios, pero se desprendió de sus acciones en el Grupo Vázquez hasta marzo de 2025. Las revelaciones públicas sobre este pasado empresarial terminaron por fracturar su base de apoyo político y precipitaron su dimisión al cargo. En paralelo, el Congreso de Paraguay evalúa por estos momentos si acepta formalmente su renuncia o si procede con el desahogo de un juicio político en su contra, mientras el exmandatario intenta articular su defensa jurídica ante la crisis.