Un nuevo escenario de diálogo en plena protesta nacional
Durante el desarrollo del paro nacional convocado por los empleados del Poder Judicial de la Federación (PJF), el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, tendió puentes de comunicación para resolver los desacuerdos generados por el reciente esquema de evaluación del desempeño. El máximo representante del tribunal constitucional enfatizó que los exámenes deben concebirse como herramientas orientadas a potenciar las aptitudes de los funcionarios y optimizar el servicio público, descartando por completo cualquier fin sancionador.
Para encauzar estas demandas, Aguilar Ortiz sostuvo encuentros con los principales referentes del sector: Jesús Gilberto González Pimentel, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, y Juan Alberto Prado Gómez, dirigente del Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial Federal. Estas mesas de trabajo se organizaron con el objetivo principal de recopilar las inquietudes de la base trabajadora y articular soluciones conjuntas con el respaldo del Órgano de Administración Judicial (OAJ).
Reconocimiento a la base laboral y la prioridad del entendimiento
Durante las reuniones, el ministro presidente calificó a los empleados como la «columna vertebral» del aparato de impartición de justicia en el país. Asimismo, subrayó que las normativas internas, por más que posean un fundamento jurídico válido, no deben implementarse sin antes socializarlas y discutirlas con quienes operan diariamente el sistema.
Desde la SCJN se puntualizó que «la legalidad de una decisión no sustituye la necesidad de dialogarla», reflejando una postura institucional que prioriza el respeto mutuo, la escucha activa y la búsqueda de consensos para consolidar un sistema de justicia más sólido y cercano a sus integrantes.
El origen del conflicto y el alcance de las movilizaciones
El malestar entre la plantilla laboral cobró fuerza debido a las directrices fijadas por el OAJ para calificar el rendimiento de figuras clave como secretarios, actuarios y oficiales judiciales. Los gremios expresaron su inconformidad al argumentar que el modelo vigente ignora la experiencia acumulada y los años de trayectoria profesional, al tiempo que genera incertidumbre respecto a la permanencia y estabilidad de sus plazas de trabajo.
Las acciones de protesta iniciaron el pasado 5 de noviembre en el estado de Morelos, donde una base de más de mil trabajadores decidió suspender labores. Esta manifestación escaló rápidamente hasta convertirse en un paro nacional que incluyó cierres y bloqueos en puntos estratégicos, destacando la sede ubicada en San Lázaro, en la Ciudad de México. Paralelamente, se documentaron protestas en diversas regiones del país como Nuevo León, Durango, Sonora y Yucatán, donde los inconformes exigieron mayor certidumbre sobre los procedimientos de evaluación y sus efectos reales.
A pesar de que el OAJ ha reiterado que esta primera etapa de evaluación estará exenta de repercusiones laborales directas para los individuos, las agrupaciones sindicales insisten en exigir blindajes jurídicos más firmes que salvaguarden sus derechos adquiridos y su carrera judicial. Ante este panorama, la disposición al entendimiento manifestada por la presidencia de la Corte representa una oportunidad institucional para destrabar el conflicto, mientras persisten los debates sobre la aplicación práctica de los cambios derivados de la reforma judicial.
