Congreso de Nuevo León prepara exhorto urgente para frenar presuntas irregularidades en la venta de BanFeliz
El Poder Legislativo de Nuevo León se encuentra cerca de definir una postura oficial frente al polémico proceso de transferencia de BanFeliz, una operación que genera profunda preocupación debido a los múltiples señalamientos por presuntos fraudes que rodean a los actores involucrados. Las autoridades locales buscan establecer un frente común para proteger el patrimonio de los afectados.
Un llamado enérgico a las autoridades competentes
El diputado local Mario Soto Esquer informó que se prevé la aprobación durante el presente mes de un exhorto dirigido a la Fiscalía General de Justicia del Estado, a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). El objetivo principal es solicitar una revisión exhaustiva sobre el estatus financiero y legal que envuelve a esta transacción.
El proyecto legislativo será turnado a la Comisión de Justicia para su análisis detallado antes de ser llevado al pleno para su votación definitiva, un trámite que podría concretarse hacia finales de septiembre. Al respecto, el legislador morenista declaró: «Esperaría que este mes se resolviera, porque creo que es un tema en donde todas las fuerzas legislativas tengan un frente en común, que no podemos permitir que en Nuevo León, ni en ninguna parte de la República, se sigan permitiendo estos fraudes financieros».
Desde finales del mes de julio, esta problemática llegó al recinto legislativo impulsada por el propio Soto Esquer, quien solicitó indagar la honorabilidad, solvencia y antecedentes de cualquier interesado en adquirir los activos de Happy Inc. —firma perteneciente a la familia García Sada—, especialmente en lo referente a BanFeliz y su vinculación con los cuestionamientos que pesan sobre la Sofom Préstamo Feliz.
Exigencias específicas para cada instancia reguladora
Dentro del documento promovido por el congresista, se detallan peticiones concretas para cada dependencia fiscalizadora:
- A la Fiscalía estatal: Se demanda un informe detallado sobre las carpetas de investigación abiertas, cuántas de ellas han sido judicializadas y si se ha solicitado el aseguramiento de bienes para garantizar la restitución económica a los acreedores afectados.
- A la Condusef: Se le exige redoblar la supervisión sobre las operaciones de Préstamo Feliz mientras se mantenga activa, asegurando el cumplimiento estricto de la ley y la protección de los derechos de los usuarios e inversionistas.
- A la CNBV: Se solicita un escrutinio riguroso sobre cualquier grupo interesado en adquirir BanFeliz, con la finalidad de descartar riesgos que perjudiquen a los acreedores, particularmente ante el interés manifestado por el Grupo Klu, entidad que arrastra antecedentes polémicos.
De acuerdo con el posicionamiento del diputado, la posible intervención de Grupo Klu representa un peligro latente para el cumplimiento de las deudas adquiridas con los inversionistas, debido a los señalamientos previos que recaen sobre sus integrantes en materia financiera.
Contexto legal y panorama en la CNBV
Paralelamente al exhorto, el equipo de asesores de Soto Esquer evalúa posibles reformas normativas para cerrar vacíos legales que faciliten este tipo de ilícitos. El legislador reconoció que se trata de una problemática creciente que amerita una revisión de las competencias tanto locales como federales.
Por otro lado, fuentes del sector financiero indicaron que, aunque la CNBV aún no procesa una solicitud formal de compra-venta, el expediente ya es del conocimiento de las altas esferas regulatorias. Los antecedentes de los propietarios y las presiones internacionales añaden complejidad a cualquier autorización futura.
Actualmente, la Sofom Préstamo Feliz acumula un concurso mercantil y múltiples demandas por un presunto incumplimiento de pagos que supera los 2 mil 500 millones de pesos. Las acciones legales han derivado en la vinculación a proceso de directivos clave, mientras que el volumen de denuncias ciudadanas continúa incrementándose en la entidad federativa.
