La discusión en torno al tratado comercial entre Norteamérica ha tomado un nuevo matiz político luego de que una prominente legisladora republicana señalara directamente a la administración mexicana. La controversia gira en torno a la incorporación de profesionales de la salud extranjeros dentro del sistema público de sanidad, una medida que ahora es catalogada por sectores políticos en Estados Unidos como una presunta violación a los acuerdos laborales firmados en la región.
Exigen explicaciones a la oficina del representante comercial
Mediante una misiva oficial fechada el 22 de octubre de 2026, la congresista María Elvira Salazar solicitó formalmente al representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, que la situación sea colocada sobre la mesa de negociaciones. La funcionaria argumenta que la presencia de más de 3 mil profesionales de la salud procedentes de la isla caribeña opera bajo esquemas de contratación inaceptables.
Según la postura expuesta por la legisladora del distrito 27 de Florida, las normativas vigentes del bloque comercial prohíben estrictamente el aprovechamiento de esquemas de explotación laboral. En su mensaje público, fue categórica al señalar: “México no puede beneficiarse del libre comercio con Estados Unidos mientras permite que la dictadura cubana explote a sus médicos”.
Señalamientos sobre presuntas irregularidades laborales
El núcleo de la inconformidad radica en la manera en que se gestionan los pagos y las condiciones de movilidad de estos trabajadores. De acuerdo con los datos presentados ante las autoridades comerciales de Washington, el modelo implementado desde la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador presenta características propias del trabajo forzoso.
Entre las anomalías denunciadas destacan la separación prolongada de los entornos familiares, la limitación de la libertad de circulación y una significativa retención de hasta el 95 por ciento de los salarios por parte del gobierno insular. Bajo este esquema, el Estado mexicano efectúa los pagos monetarios directamente a las autoridades de La Habana en lugar de remunerar de forma directa a los especialistas.
Estas preocupaciones coinciden con las advertencias emitidas previamente por instancias diplomáticas estadounidenses. Específicamente, el Departamento de Estado apuntó en su Informe sobre la Trata de Personas de 2025 que el gobierno mexicano no ha implementado mecanismos suficientes de supervisión ni medidas preventivas para salvaguardar los derechos humanos de este personal extranjero.
Mexico is breaking the rules and helping Havana profit from forced labor.
More than 3,000 Cuban doctors are working in Mexico under a program the U.S. State Department has classified as forced labor.
That’s why I sent a letter to U.S. Trade Representative Jamieson Greer urging… pic.twitter.com/M1CYvYcXB0
— Rep. María Elvira Salazar (@RepMariaSalazar) October 23, 2026
El capítulo laboral del acuerdo comercial como herramienta de presión
El argumento principal de la representante republicana se sustenta en el capítulo 23 del T-MEC, el cual establece compromisos vinculantes en materia de protección a los trabajadores y el combate frontal a cualquier modalidad de empleo ilegal o forzado. La legisladora recordó que los países firmantes tienen la obligación explícita de impedir la introducción de mercancías o servicios vinculados con estas prácticas.
En su solicitud dirigida a Jamieson Greer, la funcionaria instó a ejercer presión diplomática: “Por favor, haga lo que ninguna otra administración presidencial de los Estados Unidos ha hecho e informe a las autoridades mexicanas que su uso de trabajo forzado cubano es una violación del T-MEC, y solicite al gobierno mexicano que desmantele el programa y libere a estos médicos”.
Antecedentes de un reclamo recurrente en el Congreso estadounidense
La postura crítica de la congresista no representa un evento aislado, ya que ha mantenido una postura de vigilancia sobre este convenio de cooperación internacional durante los últimos años. Incluso aseguró haber abordado directamente el tema con el anterior mandatario mexicano durante una visita oficial al país.
Como alternativa viable para solucionar el conflicto sin desatender las necesidades del sector salud, la legisladora sugirió replicar modelos implementados en el pasado por naciones como Brasil bajo la administración de Jair Bolsonaro, donde se exigía que las contraprestaciones económicas llegaran íntegramente a las cuentas bancarias de los trabajadores y no a las arcas gubernamentales extranjeras.
