El cierre fiscal del sexenio pasado avanza en el Congreso
El bloque oficialista en la Cámara de Diputados ha comenzado a cerrar el ciclo financiero correspondiente a la administración anterior. La reciente aprobación de la Cuenta Pública por parte de la Comisión de Presupuesto representa un acontecimiento político de alta relevancia, ya que constituye la última revisión formal al ejercicio fiscal completo del gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador.
Sin embargo, este trámite legislativo se lleva a cabo mientras un volumen considerable de recursos públicos continúa sin la documentación necesaria para justificar su destino final, lo que mantiene abiertas diversas interrogantes sobre la transparencia en el manejo del erario durante aquel periodo.
Millonarios recursos pendientes de aclaración
De acuerdo con los informes iniciales emitidos por la Auditoría Superior de la Federación, encabezada por Aureliano Hernández, las revisiones detectaron anomalías por un monto aproximado de 67 mil millones de pesos. Tras algunas recuperaciones que rondaron los 2 mil millones de pesos, el saldo que permanece sujeto a aclaración supera los 65 mil millones de pesos.
Si bien las normativas técnicas de fiscalización contemplan que las dependencias y entidades auditadas dispongan de plazos posteriores para presentar comprobantes y solventar las observaciones, la magnitud de la cifra impide considerar el asunto como un simple detalle administrativo menor. Las dudas persisten sobre la pulcritud con la que operaron los programas sociales, las grandes obras de infraestructura y los procesos de contratación mediante licitaciones o adjudicaciones directas durante el último año de gestión.
Contraste político y las limitaciones del sistema de fiscalización
El dictamen final fue avalado en la comisión legislativa con 31 votos a favor y 10 en contra. Las bancadas de oposición manifestaron su rechazo a la aprobación y aprovecharon la coyuntura para evidenciar una problemática estructural que afecta al país transexenalmente: las profundas debilidades del esquema mexicano de revisión de cuentas.
El dilema central radica en la desconexión existente entre el proceso de auditar y la capacidad real de que las irregularidades detectadas deriven en sanciones efectivas. Aunque el órgano fiscalizador genera voluminosos expedientes, pliegos de observaciones y recomendaciones, el paso de los años suele diluir el conocimiento público sobre el paradero final del dinero observado.
Una parte significativa de los recursos que aún no han sido solventados en este ejercicio corresponde al gasto federalizado operado directamente por administraciones estatales y municipales. No obstante, para la ciudadanía la distinción institucional resulta secundaria: el reclamo se centra en exigir que las autoridades garanticen el uso correcto de los recursos provenientes de las contribuciones fiscales.
La necesidad de reformar y descentralizar la vigilancia presupuestal
El diseño institucional actual coloca a la Auditoría Superior de la Federación bajo la órbita de la Cámara de Diputados, cuyos integrantes son los encargados tanto de designar al titular como de realizar la evaluación política final de los informes. Esta dinámica propicia que la fiscalización técnica quede supeditada a las correlaciones de fuerzas partidistas, donde las mayorías en turno suelen respaldar la gestión oficial mientras la oposición exige castigos.
Ante este escenario, diversos sectores coinciden en la urgencia de impulsar una transformación profunda en los mecanismos de control gubernamental. Una alternativa viable consistiría en instituir contrapesos mediante la participación de despachos externos independientes, seleccionados a través de procesos transparentes y aleatorios, capaces de auditar megaproyectos, empresas estatales y áreas con presupuestos prioritarios.
Con un gasto neto total que rebasó los nueve billones de pesos durante el último tramo de la administración pasada, la magnitud de los fondos públicos demanda esquemas de vigilancia rigurosos y desvinculados de coyunturas políticas, consolidando a la rendición de cuentas como un pilar fundamental del Estado y no como un simple requisito parlamentario.
