Un panorama fiscal complejo que exige medidas estructurales
El centro de estudios económicos ANIF expresó su respaldo general a la denominada Ley de Rescate Fiscal impulsada por la administración de Abelardo De la Espriella. No obstante, la institución advirtió sobre la urgencia de ajustar ciertos componentes impositivos para prevenir consecuencias adversas sobre la actividad productiva, la inversión de capital y la estabilidad del mercado laboral colombiano.
De acuerdo con las proyecciones expuestas por la entidad, la situación financiera del Estado atraviesa un momento crítico. Sin una intervención profunda y oportuna, el déficit del Gobierno Nacional Central se encaminaría a rebasar el 9% del PIB en 2027, marcando una cifra sin precedentes en la historia económica del país. Asimismo, los análisis económicos señalan que los compromisos asociados a la deuda pública superarían el 70% del PIB a partir de 2029.
Ante este escenario, las obligaciones ineludibles del Estado —tales como el servicio de la deuda, el pago de jubilaciones y las transferencias territoriales— superarían los ingresos corrientes de la Nación. Esto dejaría al Ejecutivo en una posición en la que tendría que recurrir permanentemente al endeudamiento para solventar gastos operativos básicos, afectando sectores fundamentales como la salud, la educación pública, la seguridad nacional y los programas de asistencia social.
Balance entre recortes de gasto y nuevas cargas tributarias
La propuesta gubernamental plantea un saneamiento de las cuentas públicas cercano al 4,7% del PIB de cara a 2030, una meta que ANIF califica como adecuada frente a la magnitud del problema macroeconómico. El articulado contempla optimizaciones en el gasto estatal, un fortalecimiento de los mecanismos de la regla fiscal y la supresión de figuras tributarias ineficientes.
Asimismo, se destaca la creación del Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial (RUGE), diseñado para captar capitales a gran escala mediante una tarifa preferencial en el impuesto sobre la renta y certidumbre jurídica por un periodo de 16 años. Para el centro de pensamiento, este esquema mejoraría la competitividad de Colombia frente a economías vecinas.
Sin embargo, la organización alertó que la distribución de la carga del ajuste no es equitativa. Según sus estimaciones, el 35% del esfuerzo provendría de la austeridad estatal, mientras que el 54% recaerá directamente sobre los hombros de los hogares y el sector empresarial.
“Este balance será difícil de reconciliar con la fatiga tributaria de los colombianos”, señaló ANIF, recordando además que el país sostiene una de las tasas corporativas más elevadas del mundo.
El debate sobre el IVA y los impactos en las cadenas productivas
Uno de los puntos que genera mayor fricción es la modificación del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Aunque la iniciativa contempla el programa EfectIVA para mitigar el golpe en las poblaciones más vulnerables, el centro de estudios económico advierte sobre posibles repercusiones en la cadena de suministro.
Los cálculos revelan que el 62% de los bienes y servicios gravados con tarifas incrementadas corresponden a insumos de consumo intermedio utilizados por las empresas. Sectores específicos como el agropecuario, la ganadería y las actividades de alojamiento y gastronomía podrían sufrir alteraciones considerables en sus estructuras de costos.
“Si el programa de devolución del IVA, denominado EfectIVA, no funciona como plantea el proyecto de ley y no se mitigan los efectos sobre sectores como el de alojamiento y comidas, ganadería y agrícola, esta medida puede generar pérdidas importantes de bienestar en los hogares y de las actividades afectadas”, advirtió la organización.
Sobrecostos laborales y riesgos de informalidad
Otro de los aspectos cuestionados se centra en la reducción de las deducciones por pagos parafiscales, lo cual elevaría los gastos de contratación para las compañías. Según las estimaciones de ANIF, un empleado que devengue tres salarios mínimos generaría un sobrecosto mensual de COP$315.000, cifra que ascendería a COP$950.000 para aquellos con ingresos equivalentes a cuatro salarios mínimos.
En un entorno tecnológico caracterizado por la automatización, incrementar la presión sobre la nómina podría frenar la formalización y desincentivar la creación de puestos de trabajo. Del mismo modo, la entidad advirtió que alzar los tributos al alcohol y los cigarrillos podría avivar el contrabando, erosionando el recaudo legal.
Alternativas propuestas: venta de activos, impuestos a pensiones altas y recortes adicionales
Para compensar los cambios sugeridos al proyecto oficial, ANIF propuso un abanico de fuentes alternativas. Entre ellas destacan un recorte adicional del 10% en las plantas de personal creadas recientemente en órganos de control, Fiscalía y Rama Judicial, así como la focalización estricta de los subsidios estatales.
Adicionalmente, sugirieron gravar las mesadas pensionales elevadas, eliminar deducciones por pagos en efectivo y llevar a cabo la enajenación de activos estratégicos de la Nación, como su participación en empresas de la talla de ISA, con el fin de disminuir las necesidades transitorias de financiamiento.
Finalmente, la institución hizo un llamado urgente al Poder Ejecutivo y al Congreso de la República para propiciar un diálogo constructivo: “Nuestro espíritu frente a la Ley de Rescate es propositivo. Invitamos a todos los participantes de esta discusión a ser constructivos y exhortamos al Gobierno y al Congreso a buscar rápidamente un consenso en esta materia”.
