Cancillería mexicana rechaza pretensiones de Texas sobre soberanía en el río Bravo
El gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), emitió una postura firme este viernes al señalar que la frontera con Estados Unidos “no puede modificarse por decisión de un Gobierno estatal”. Esta declaración surge como respuesta directa a las recientes acciones emprendidas por las autoridades de Texas, las cuales han manifestado su intención de apropiarse de nueve islas ubicadas en el cauce del río Bravo, bajo el argumento de que pertenecen a su jurisdicción territorial.
La dependencia federal mexicana enfatizó mediante un comunicado oficial que los límites territoriales entre ambas naciones no dependen de voluntades locales, sino que se encuentran estrictamente definidos por criterios establecidos en un tratado internacional de carácter binacional. Para sustentar esta postura, la Cancillería recordó los términos del Tratado de Límites de 1970, un acuerdo formal celebrado entre México y Estados Unidos que determina que la línea divisoria internacional en el río Bravo debe correr exactamente por el centro del cauce normal del afluente.
En este sentido, la SRE puntualizó que ese límite determina la soberanía de las tierras situadas a ambos lados de la línea fronteriza, un mandato que se aplica con absoluta independencia de la condición soberana previa que dichos terrenos hayan podido tener en el pasado. Asimismo, la dependencia recordó que la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) es el único organismo oficial facultado por ambos Gobiernos federales para aplicar el Tratado y definir con precisión científica de qué lado del límite se encuentra cada isla.
Restricciones y prohibiciones en la zona fronteriza
La cancillería mexicana fue categórica al subrayar que ninguna autoridad estatal tiene esa atribución legal o diplomática. Además, advirtió sobre las prohibiciones específicas en materia de infraestructura y manejo hidráulico, recordando que ningún país puede construir obras que, bajo la valoración técnica de la CILA, tengan el potencial de desviar o alterar de forma negativa el escurrimiento normal del río.
Esta disputa diplomática estalló apenas días después de que el gobierno texano, por medio de un pronunciamiento oficial emitido por la comisionada de Tierras de la entidad, Dawn Buckingham, anunciara la toma de control sobre nueve islas emplazadas en la frontera acuática compartida. Como parte de esta medida unilateral, la administración estatal autorizó la incursión y el despliegue de elementos de seguridad y del Ejército en la demarcación fluvial.
El reclamo territorial de Texas y la respuesta diplomática
A través de un comunicado difundido en plataformas digitales, la Oficina General de Tierras de Texas (GLO, por sus siglas en inglés) detalló los alcances de la medida. “Con una extensión total de aproximadamente 66 acres, estas islas quedan ahora bajo la jurisdicción del estado de Texas, lo que permitirá a las fuerzas del orden federales y estatales proteger estos terrenos y erradicar cualquier actividad ilegal en ellos”, aseguró la dependencia estadounidense al justificar su incursión en el cauce internacional.
Frente a esta ofensiva territorial por parte del gobierno local texano, la SRE confirmó que dará seguimiento puntual a cualquier acción en la zona. Al mismo tiempo, el gobierno mexicano ratificó su compromiso con el cumplimiento de los tratados que rigen la frontera común y con el diálogo bilateral a través de los mecanismos establecidos.
Todo este escenario de fricción diplomática se desarrolla en un panorama regional sumamente delicado, marcado por un incremento en las tensiones migratorias y de seguridad fronteriza entre México y Estados Unidos, una dinámica que se ha intensificado notablemente desde el inicio del segundo mandato del presidente estadounidense, Donald Trump.
