La continuidad de Luiz Inácio Lula da Silva al frente del Poder Ejecutivo de Brasil ha encendido diversas alertas en los mercados internacionales y entre los principales actores financieros globales. En las últimas horas, dos de las agencias calificadoras de riesgo más importantes del mundo han manifestado su profunda preocupación respecto a la trayectoria fiscal del gigante sudamericano y la viabilidad de sus cuentas públicas durante este período.
Las advertencias apuntan directamente a los desafíos económicos que deberá afrontar la administración actual en un contexto político complejo, marcado por un Congreso con mayor independencia y una tendencia legislativa orientada hacia el centro-derecha, lo cual dificulta la aprobación de medidas restrictivas en el gasto público.
Jair Bolsonaro recibió la economía Brasilera con déficit primario del 2%. Terminó su mandato en 2022 con superávit primario del 2.4% y un déficit fiscal del 4% del PBI.
Lula en su actual presidencia volvió al déficit primario del 0.7% y amplió el déficit fiscal a casi el 10% del… pic.twitter.com/ThYw143ygm
— Damian Brik (@eldaminato) October 27, 2026
Fitch advierte por una deuda que podría seguir creciendo
Desde la perspectiva de Fitch Ratings, la prolongación del mandato de Lula introduce importantes niveles de incertidumbre en materia fiscal, un factor que podría obstaculizar de forma definitiva la estabilización duradera de la deuda pública en relación con el Producto Bruto Interno. El escenario base de esta entidad contempla una consolidación de carácter gradual, la cual estiman totalmente insuficiente para frenar el incremento del endeudamiento, a menos que una reacción adversa por parte de los mercados financieros obligue al Gobierno a implementar un ajuste mucho más severo y rápido.
La calificadora internacional destacó que todavía existe ambigüedad sobre si la administración central logrará apartarse de su plataforma orientada al gasto social financiado mediante una mayor recaudación impositiva. Esta estrategia choca de frente con un panorama político estrecho y un parlamento poco proclive a ceder en iniciativas expansionistas que contradigan las reglas fiscales vigentes.
Las proyecciones de Fitch indican que el déficit del Gobierno general se ampliará hasta el 8,6% del PIB durante este año, superando el 8,1% registrado en el ejercicio anterior. Paralelamente, se estima que el nivel de endeudamiento trepará al 82,4% del PIB, dejando atrás el 78,6% previo, con una preocupante proyección de alcanzar cerca del 90% del PBI hacia 2028.
Otro de los puntos críticos señalados por la agencia es el costo del financiamiento. Al estar más del 50% de la deuda pública brasileña vinculada directamente a la tasa Selic, una desaceleración en el ciclo de recortes de tipos de interés se traducirá automáticamente en mayores erogaciones para el servicio de los compromisos financieros del Estado.
Moody’s pone el foco en Lula y el nuevo Congreso
Por su parte, Moody’s anticipa una continuidad general en las directrices económicas durante esta etapa del gobierno de Lula, subrayando que la relación institucional entre el Poder Ejecutivo y el parlamento será el factor determinante para lograr o fracasar en el intento de estabilizar la deuda. La agencia advierte que un enfoque de ajuste demasiado lento provocará una prolongación de los elevados déficits nominales y mantendrá una pesada carga sobre las finanzas nacionales.
De acuerdo con los registros de esta calificadora, la deuda del Gobierno general ya se ubica en torno al 83% del PBI, evidenciando un salto significativo frente al 72% registrado cuando el mandatario asumió el poder en 2022. El nudo gordiano del problema radica en que más del 90% del gasto estatal se encuentra blindado por ley, mientras que las enmiendas parlamentarias pasaron a representar el 24% del gasto discrecional, un porcentaje drásticamente superior al 2% observado en 2015.
Para encauzar la economía y estabilizar los ratios de endeudamiento, los analistas de Moody’s calculan que Brasil requeriría un superávit primario de entre el 2% y el 3% del PIB, una meta catalogada como sumamente compleja de alcanzar en ausencia de reformas estructurales profundas en materia de seguridad social y subsidios.
En definitiva, mientras que ambas agencias coinciden en que un repunte en la credibilidad fiscal podría descomprimir la presión sobre los mercados, Fitch advierte sobre posibles recortes en la calificación soberana ante la falta de avances concretos, al tiempo que Moody’s mantendrá una atenta vigilancia sobre la composición del equipo económico y la viabilidad del presupuesto proyectado para los próximos años.
