Cae en Colombia juez mexicano vinculado con sobornos millonarios del narcotráfico internacional

Autoridades de seguridad de Estados Unidos concretaron en territorio colombiano la captura de Luis Benítez Alcántara, un magistrado mexicano de 49 años que enfrentaba severas acusaciones por presuntamente aceptar un pago ilegal de 2 millones de dólares. Este soborno tenía como propósito principal facilitar la liberación y evitar la captura de Ryan James Wedding, un excorredor olímpico de snowboard identificado por las autoridades norteamericanas como el principal líder de una red transnacional de tráfico de cocaína, ampliamente conocido en el ámbito criminal como el Chapo canadiense.

El operativo internacional, que culminó con la aprehensión del funcionario el pasado domingo, fue ejecutado en el marco de las investigaciones llevadas a cabo por la Oficina Federal de Investigación (FBI). De acuerdo con la información difundida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos a través de un comunicado oficial, el dinero ilícito habría sido entregado por Andrew Clark, considerado el segundo al mando dentro de la estructura criminal dirigida por el exatleta olímpico, con el fin de obstaculizar el trabajo de la justicia y proteger a los operadores de esta organización delictiva.

Cargos federales y solicitud de extradición

Tras su captura en el país sudamericano, el eximpartidor de justicia de un tribunal de distrito en la capital mexicana se enfrenta a un total de nueve cargos penales graves en tribunales estadounidenses. Entre las imputaciones principales destaca la obstrucción a la justicia y la colaboración directa con estructuras del narcotráfico internacional para impedir la captura de sus líderes. Las autoridades norteamericanas iniciaron formalmente los trámites diplomáticos y legales necesarios para solicitar su pronta extradición desde Colombia.

De ser hallado culpable en un juicio federal, el acusado podría purgar una condena de hasta 15 años de prisión federal por cada uno de los cargos que se le imputan, marcando un precedente severo en la cooperación bilateral contra la corrupción judicial transfronteriza.

Un historial de decisiones judiciales controversiales

Antes de su caída en desgracia y de que el Órgano de Administración Judicial eliminara toda referencia sobre su persona en las plataformas digitales institucionales, Luis Benítez Alcántara acumuló una trayectoria de una década como juzgador federal, estando adscrito a los juzgados de control del Reclusorio Sur en la Ciudad de México. Su nombre estuvo ligado a múltiples expedientes de alto perfil y fuerte impacto político en el país.

Uno de los episodios más sonados ocurrió el 12 de enero de 2024, cuando el togado dictó la absolución en favor de Juan Carlos García Rivera, quien hasta ese momento era la única persona detenida por el caso de espionaje con el software Pegasus, el cual afectó a periodistas y defensores de derechos humanos. En aquella ocasión, el juzgador argumentó que la Fiscalía General de la República (FGR) no logró cumplir con los estándares probatorios mínimos para acreditar la responsabilidad del exempleado de una empresa de seguridad en los agravios cometidos contra la reconocida periodista Carmen Aristegui, un fallo que posteriormente fue ratificado por tribunales colegiados.

Asimismo, el historial del magistrado incluye decisiones sumamente cuestionadas en torno a figuras de la política y el empresariado nacional. Benítez Alcántara rechazó en su momento emitir una orden de aprehensión solicitada por la fiscalía mexicana en contra del empresario Víctor Manuel Álvarez Puga por el delito de defraudación fiscal, cuyo perjuicio al erario se estimaba en un millón 648 mil pesos. Pese a esta negativa judicial en México, el empresario terminó siendo detenido el año pasado por agencias migratorias en Estados Unidos, país donde semanas atrás también se reportó la captura de su esposa, la conductora Inés Gómez Mont, derivada de investigaciones paralelas por delitos similares.