Arresto del exfiscal y cargos imputados
Las autoridades ministeriales de México concretaron la captura de César Gustavo Jáuregui Moreno, quien fuera el titular de la procuración de justicia en el estado de Chihuahua. La aprehensión responde a probables anomalías administrativas y operativas cometidas durante su gestión al frente de la dependencia estatal, las cuales se encuentran directamente entrelazadas con el deceso de dos elementos operativos adscritos a la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos durante un despliegue antidrogas.
De acuerdo con la información oficial emitida por el Registro Nacional de Detenciones, los elementos de la policía estatal interceptaron al exfuncionario a las 10:20 horas sobre una vialidad principal en la capital chihuahuense, para posteriormente ponerlo bajo la custodia de la fiscalía local.
La medida restrictiva de la libertad se originó luego de que un juez de control emitiera un mandamiento judicial que señala formalmente al exservidor público por los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición. Este último ilícito contempla penalizaciones específicas para aquellos convenios entre autoridades destinados a contravenir la normatividad vigente y obstaculizar su debida observancia.
Dicho mandato legal, registrado bajo el expediente 3055/2026, contempló de igual forma la captura de Guillermo Arturo Zuany Portillo, quien operaba como responsable del área de operaciones estratégicas dentro de la misma institución. A este último se le atribuyen los mismos cargos penales, sumados a la presunta aportación de testimonios y datos falsos a las instancias competentes, aunque hasta el momento no se ha ratificado oficialmente su captura.
Mensaje del Encargado de Despacho de la Fiscalía General del Estado, Mtro. Gilberto Loya Chávez. pic.twitter.com/89zn0brjY4
— Gobierno de Chihuahua (@GobiernoEdoChih) October 17, 2026
Cronología del operativo y el trágico accidente en la sierra
Las indagatorias ministeriales comenzaron a estructurarse tras el aseguramiento y desmantelamiento de un centro clandestino destinado a la elaboración de narcóticos sintéticos. Estas acciones se llevaron a cabo entre los días 17 y 18 de abril en la zona serrana de la comunidad de El Pinal, ubicada en el municipio de Morelos.
Posteriormente, el 19 de abril, se confirmó la muerte de los dos agentes de inteligencia estadounidenses, quienes perdieron la vida luego de que el automotor en el que se trasladaban se precipitara hacia un barranco profundo.
El fatal incidente cobró también la vida de Pedro Román Oseguera Cervantes, quien se desempeñaba como director de la Agencia Estatal de Investigación en la entidad, así como del elemento policial Manuel Genaro Méndez Montes.
Las averiguaciones posteriores permitieron documentar que personal extranjero acompañó a las células de seguridad locales operando al margen de los canales institucionales, sin contar con la autorización formal del Gobierno federal y omitiendo la notificación correspondiente a las instancias de mando superior, según señalaron los reportes gubernamentales.
Investigaciones federales abiertas y repercusiones políticas
Ante la gravedad de los hechos y las omisiones detectadas, Jáuregui optó por separarse de su cargo mediante una renuncia presentada el 27 de abril, reconociendo públicamente la existencia de fallas sustanciales en los mecanismos de supervisión y flujo informativo sobre la incursión extranjera.
Como respuesta, la Fiscalía General de la República (FGR) dio inicio a dos carpetas de investigación paralelas: una centrada en el funcionamiento del narcolaboratorio y otra enfocada en dilucidar las circunstancias de la presencia de personal extranjero en tareas de seguridad interior.
Las ramificaciones de este escándalo institucional alcanzaron a la titular del Poder Ejecutivo estatal, María Eugenia Campos, quien fue requerida en calidad de testigo por la fiscalía federal a finales de mayo, junto con el propio Jáuregui, con el propósito de deslindar responsabilidades dentro de la línea de mando.
Pese al citatorio, la mandataria estatal acudió a las instalaciones ministeriales el 27 de mayo pero se abstuvo de rendir declaración, al tiempo que cuestionó la validez jurídica del procedimiento y acusó la existencia de una supuesta persecución de carácter político en su contra.
Es importante señalar que la formalización de esta orden de captura no constituye por ahora una sentencia condenatoria firme en contra del exfuncionario estatal, por lo que su equipo legal tendrá la oportunidad de presentar sus argumentos jurídicos mientras avanza el desarrollo del proceso penal.
