Con una votación dividida, el pleno del Senado dio luz verde a las modificaciones de la Ley Federal del Derecho de Autor, bautizadas popularmente como la ‘Ley Antimemes’. Esta normativa impone nuevas y estrictas responsabilidades a las empresas proveedoras de servicios de internet con el objetivo de asegurar el retiro inmediato de contenidos que empleen obras protegidas sin la debida autorización de sus creadores o titulares.
El dictamen logró salir adelante gracias a 72 votos a favor emitidos por los legisladores de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). En la acera de enfrente, un bloque de 37 senadores pertenecientes al PAN, PRI y Movimiento Ciudadano manifestó su rechazo votando en contra del proyecto legislativo.
Obligaciones y sanciones económicas
El nuevo marco normativo estipula que las compañías de internet deberán eliminar de las plataformas digitales cualquier material que utilice, sin el consentimiento previo, voces, imágenes, canciones, creaciones literarias o artísticas, producciones cinematográficas y toda clase de archivos audiovisuales. La medida también alcanza a aquellos materiales elaborados o intervenidos por medio de herramientas de Inteligencia Artificial (IA), lo que incluye directamente a los memes y parodias que incorporen elementos protegidos.
De acuerdo con la modificación al artículo 114 Nonies, las compañías proveedoras podrán ser consideradas copartícipes de las infracciones cometidas por los internautas si omiten las reglas del artículo 114 Octies. Esto ocurrirá cuando las empresas induzcan o faciliten la conducta ilegal, tengan conocimiento de ella, o posean la capacidad de controlar al usuario y obtengan un provecho financiero directo de esa actividad.
Asimismo, se obliga a las empresas tecnológicas a implementar mecanismos para suspender o cancelar de forma definitiva las cuentas de aquellos usuarios considerados reincidentes. Aquellas compañías que desobedezcan estas directrices se exponen a recibir multas de hasta 4.6 millones de pesos.
Temores sobre la censura y la libertad de expresión
Durante el debate legislativo en el recinto parlamentario, los representantes de la oposición expresaron su profunda preocupación ante los posibles abusos que la ley podría propiciar, advirtiendo que se pone en riesgo la libertad de expresión y el acceso a la red de ciudadanos ajenos a las faltas.
La senadora del PRI, Carolina Viggiano, salió en defensa del humor popular como un elemento fundamental de la identidad nacional, señalando que las autoridades no deben prohibir la sátira social.
“A los mexicanos nos gusta reírnos, incluso hasta de nuestras desgracias, y eso no nos lo van a prohibir”, señaló.
Por su parte, el senador Clemente Castañeda, integrante de Movimiento Ciudadano, criticó que bajo el pretexto de cumplir con compromisos internacionales del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y salvaguardar los derechos autorales, se vulneren derechos fundamentales básicos.
“Las medidas de retiro de contenido podrían implementarse de manera abusiva de tal suerte que terminen sirviendo para la competencia desleal o incluso para coartar la libertad de expresión”, afirmó.
Otro de los puntos más debatidos giró en torno a las consecuencias colaterales para los hogares que comparten una misma línea de internet, donde múltiples personas dependen de un solo acceso para sus actividades cotidianas.
El senador priista Gabriel Elizondo advirtió sobre el impacto desproporcionado que tendrían las sanciones de desconexión en núcleos familiares enteros.
“Hay familias que comparten una sola conexión de internet, los hijos la necesitan para estudiar, los padres para trabajar y muchas personas para sacar adelante sus negocios. ¿Se imaginan que por una sola infracción de una sola persona, toda una familia quede sin internet? No podemos terminar afectando a personas que no estén involucradas”, expresó.
En el mismo sentido, el coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ignacio Mier, enfrentó cuestionamientos técnicos sobre la viabilidad de que los proveedores de red retiren contenidos que operativamente solo pueden ser modificados o borrados por los propios creadores o los administradores de las redes sociales.
Tras superar el análisis y recibir el respaldo definitivo en el Senado, luego de su paso previo por la Cámara de Diputados, el decreto fue remitido oficialmente al Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación.
