Aprobación exprés del paquete fiscal para el tercer año de gobierno
El pleno del Senado mexicano dio luz verde al conjunto de normas que regirán la recaudación fiscal durante el próximo ejercicio fiscal. Tras un debate de corta duración y sin modificaciones sustanciales respecto al proyecto inicial recibido desde la Cámara baja, los legisladores respaldaron las disposiciones que aplicarán en el transcurso del tercer año de gestión de la administración federal actual.
La votación mayoritaria estuvo encabezada por el bloque oficialista y sus aliados políticos, quienes defendieron el esquema hacendario al considerar que ordenará de forma adecuada las cuentas públicas de la nación. Por el contrario, los bloques opositores manifestaron su desacuerdo al calificar las medidas como desatentas y perjudiciales para la estabilidad económica a mediano plazo.
Mientras que la normativa de derechos y la ley principal de recaudación quedaron listas para su promulgación oficial en el medio de difusión gubernamental correspondiente, el articulado referente al gravamen sobre la renta tuvo que devolverse a los diputados. El motivo fue la introducción de una reserva específica para salvaguardar esquemas particulares destinados a la industria automotriz.
Proyecciones macroeconómicas y presión sobre la deuda
Las estimaciones oficiales calculan una captación total de recursos por MXN$10,6 billones, lo que equivale a un crecimiento estimado del 3,9% frente al periodo anterior. De esta cifra global, la recaudación tributaria aportará MXN$6,2 billones, mientras que el financiamiento mediante deuda alcanzará MXN$1,7 billones, cifra que representa una reducción moderada del 4,5% en comparación con el ejercicio previo.
El plan de consolidación fiscal promovido por la Secretaría de Hacienda contempla un déficit fiscal amplio que se ubicará en el 4,1% del PIB al cierre del año en curso, para descender ligeramente al 3,9% del PIB en el transcurso de 2027. Estas cifras superan los cálculos iniciales planteados por las autoridades económicas, lo que mantiene el escrutinio de las agencias internacionales de calificación crediticia sobre los balances nacionales.
Respecto al saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, se prevé que cierre en 54% del PIB este año y suba hasta el 55% del PIB para el ciclo siguiente. En consecuencia, el costo financiero de absorber dichos compromisos absorberá la cantidad de MXN$1,6 billones, reflejando un incremento real del 11,8%.
Restricciones severas a las deducciones empresariales
Uno de los ejes centrales de la reforma aprobada radica en el endurecimiento de los controles aplicados a las deducciones de las personas morales. Se estableció un límite estricto para las deducciones autorizadas que oscila entre el 96,67% y el 99%, aplicable exclusivamente a corporaciones con ingresos acumulables superiores a MXN$50 millones.
El presidente de la comisión legislativa encargada del dictamen, Miguel Ángel Yunes, explicó los motivos detrás de estas restricciones normativas: “La reforma no elimina de manera general las deducciones ni las pérdidas fiscales, sino que establece límites y condiciones particulares para su aplicación, para evitar que se erosione la base, combatiendo la evasión, la elusión, el contrabando, la subvaluación y la facturación falsa, con la única encomienda de fortalecer la equidad contributiva”.
Adicionalmente, se modificaron los parámetros del régimen simplificado de confianza, elevando los topes máximos de facturación anual tanto para personas físicas, que pasan de MXN$3,5 millones a MXN$5 millones, como para corporaciones, que se incrementan de MXN$35 millones a MXN$50 millones.
Excepciones puntuales para el sector automotriz
Durante la discusión en el pleno, se avaló una modificación destinada a proteger a las empresas armadoras de vehículos. La reserva incorporada exime a las compañías terminales de la industria automotriz y comercializadores de energéticos del nuevo tope generalizado a las deducciones fiscales.
El legislador promovente de esta salvedad argumentó que el esquema tributario original contemplaba distinciones lógicas debido a las diferencias estructurales entre los distintos sectores productivos del país, respaldando el principio de trato equitativo ante realidades económicas divergentes.
Ajustes al alza en la Ley de Derechos
El marco de cobros por servicios gubernamentales proyecta recaudar MXN$177.185 millones, lo que representa un repunte nominal del 13% frente a los recursos autorizados previamente. Las modificaciones inciden directamente sobre trámites migratorios, consulares, uso de infraestructura ferroviaria y aérea, así como en cuotas vinculadas al sector de turismo.
Entre los cambios más comentados figura el ajuste al Derecho de No Residente, tarifa aplicable a visitantes internacionales sin fines de lucro. Tras negociaciones legislativas, la cuota final quedó fijada en MXN$1.158, concretando un incremento del 17,8%, el cual se sitúa por debajo del alza del 35% que se había propuesto de manera original en el proyecto presentado por el Ejecutivo.
