Auge del contrabando de tabaco en México: la fuerte subida del impuesto dispara la venta ilegal

El incremento desproporcionado aplicado al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios destinado al tabaco ha generado consecuencias directas en la economía nacional, impulsando de manera significativa el contrabando y la piratería en el territorio mexicano. De acuerdo con las estimaciones recientes, uno de cada cuatro cigarros que se comercializan en la actualidad proviene del mercado negro, lo que representa un golpe severo tanto para la recaudación fiscal como para la estabilidad financiera de los establecimientos tradicionales.

Para los pequeños negocios, que dependen en gran medida de este producto para atraer clientes y mantener su flujo de caja diario, la situación se ha vuelto insostenible. La comercialización de productos de tabaco representa hasta un 25 por ciento de los ingresos de estas tiendas de barrio, por lo que la pérdida de competitividad frente a la mercancía ilegal amenaza su supervivencia comercial.

La enorme brecha de precios impulsa la ilegalidad

La diferencia en los costos al consumidor final es el principal motor de este fenómeno. Mientras que una cajetilla de origen legal supera con facilidad los 100 pesos en los comercios establecidos debido a la carga tributaria, los productos de contrabando o falsificados se pueden conseguir desde los 15 pesos en diversos puntos de venta informales, facilitando que los compradores opten por estas alternativas económicas.

“ANPEC no ha sido un espectador de esta problemática, puesto que el pequeño comercio es uno de los afectados, ya que la venta de cigarros significa hasta una cuarta parte de los ingresos por ventas directas e indirectas, además de que es un producto gancho y, al encarecerse, los clientes buscan comprar cigarros piratas debido a su precio, golpeando las ventas de los pequeños comercios”, advirtió Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes.

El dirigente empresarial señaló que los constantes operativos y aseguramientos llevados a cabo por las autoridades durante los últimos meses son una muestra clara de las dimensiones que ha alcanzado esta red de distribución ilícita que opera a lo largo y ancho del país.

Operativos y decomisos millonarios de mercancía apócrifa

Las acciones gubernamentales han sacado a la luz la llegada masiva de cargamentos irregulares provenientes de distintas partes del mundo. Entre los casos más destacados se encuentran los decomisos efectuados en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, donde las autoridades incautaron 52.5 millones de unidades de origen vietnamita en agosto, a los que se sumaron otros 8.78 millones de piezas en septiembre.

La problemática también se extiende a los centros urbanos más importantes. En la Ciudad de México, los operativos permitieron recuperar 13 toneladas de tabaco ilegal en la alcaldía Cuauhtémoc, además de otras seis toneladas localizadas en la emblemática colonia Morelos. Por su parte, en el Estado de México se decomisaron 60 toneladas de cigarros apócrifos, acompañadas de maquinaria e insumos destinados a su fabricación clandestina.

“No son cargamentos aislados, sino verdaderas redes de contrabando, producción, importación y distribución que operan a gran escala en el territorio nacional. Hay que decirlo con claridad: si los decomisos son de esta magnitud y aun así el producto ilegal sigue presente en el mercado, es evidente que el fenómeno es mucho mayor y está fuera de control”, alertó Rivera.

Estrategias de concientización para proteger al comercio formal

Ante este panorama adverso que fomenta la ilegalidad y debilita al sector formal, los organismos empresariales han tomado cartas en el asunto. Hace algunos meses se puso en marcha una campaña nacional de información y advertencia dirigida a los propietarios de tiendas bajo el lema “No vale la pena”.

El propósito principal de esta iniciativa es concientizar a los comerciantes sobre los graves riesgos legales a los que se exponen si deciden comercializar productos de contrabando. Entre las sanciones estipuladas por la ley se encuentran la aplicación de multas sumamente elevadas, la clausura definitiva de los establecimientos mercantiles e incluso penas de carácter privativo de la libertad para los infractores.