El panorama económico y la postura de los inversores
El mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, tiene planeado implementar un proceso de saneamiento financiero durante el tramo final de su administración. Esta decisión se mantendría firme a pesar de la marcada desconfianza que muestran los mercados financieros respecto al compromiso real del Ejecutivo con el equilibrio de las cuentas estatales.
De acuerdo con las proyecciones difundidas por la firma Oxford Economics, la administración federal avanzará en esta dirección, aunque advierten que la transición se desarrollará de forma pausada. Esta velocidad moderada y la magnitud acotada de las medidas podrían generar descontento entre los actores bursátiles y los inversores internacionales.
En un análisis difundido el 5 de noviembre, el especialista financiero de la entidad británica, Mauricio Monge, indicó que los mercados financieros del país sudamericano adoptaron una postura excesivamente alarmista frente a la aptitud del Estado para gestionar y contener los pasivos soberanos. Desde su perspectiva, la reciente liquidación de instrumentos financieros brasileños representó una reacción desmedida tras el optimismo inicial generado por el desempeño electoral del ex candidato Flávio Bolsonaro.
Para modificar de manera definitiva este clima de desconfianza, el informe subraya que la administración central deberá comprobar de forma fehaciente su capacidad para encauzar el erario público mediante una estrategia de contención del gasto que resulte tanto creíble como perdurable en el tiempo.
Los retos para disminuir el gasto del Estado
Las proyecciones oficiales contemplan una reducción progresiva del déficit durante los próximos ejercicios económicos. Mientras que el presupuesto gubernamental fija como meta alcanzar un superávit primario del 0,5% del PBI dentro del sector público no financiero, la consultora internacional calcula que se registrará un déficit del 0,2%.
A pesar de que ambas evaluaciones coinciden en que la economía brasileña generará saldos positivos en sus cuentas primarias próximamente, los volúmenes previstos se ubican por debajo del umbral considerado indispensable para estabilizar el endeudamiento estatal, el cual requeriría un superávit cercano al 2% del PBI.
El mecanismo principal ideado para encauzar esta situación consiste en moderar la expansión real de las erogaciones primarias bajo el marco de la normativa vigente. La entidad británica calcula que los egresos aumentarán a una tasa promedio anual del 1,5% en términos reales entre 2027 y 2030, marcando un descenso significativo frente al 4,2% registrado en el periodo 2022-2026. En tanto, los ingresos fiscales mostrarían una expansión estimada en el 3% anual a lo largo de dicho ciclo.
No obstante, la estructura del presupuesto nacional impone severas restricciones para aplicar recortes drásticos. Más del 90% de los gastos primarios poseen carácter obligatorio y se encuentran indexados formalmente al salario mínimo, a los índices inflacionarios o a la evolución de la recaudación tributaria. A esto se suma la baja probabilidad de que la administración de Lula decida recortar las partidas destinadas a la asistencia social.
Las jubilaciones, pensiones y los diversos mecanismos de subsidio aglutinan una proporción considerable de los desembolsos estatales. Para el ejercicio proyectado hacia 2027, el esquema presupuestario contempla un incremento promedio del 12,4% destinado específicamente a cubrir estas obligaciones previsionales y sociales.
Condicionamientos políticos y margen de maniobra
El análisis de la consultora económica destaca que el líder brasileño parece comprender las inquietudes planteadas por el sector financiero. En sintonía con esta lectura, el viceministro de Hacienda, Dario Durigan, adelantó que el Ejecutivo introducirá modificaciones al proyecto presupuestario con el propósito de congelar determinadas partidas de gasto.
Sin embargo, los expertos estiman que el alcance de estas iniciativas estará condicionado por el abultado volumen de pagos ineludibles. Por esta razón, prefieren aguardar la discusión y eventual sanción parlamentaria antes de revisar sus estimaciones macroeconómicas para el mediano plazo.
Asimismo, el escenario político contempla el riesgo de que el oficialismo impulse políticas de corte populista en esta etapa de gestión. Pese a ello, Oxford Economics remarca que la capacidad de maniobra del jefe de Estado estará fuertemente limitada por un Poder Legislativo que mantiene una composición marcadamente conservadora.
En conclusión, el documento económico recalca que la prueba de fuego para el Gobierno consistirá en disipar las dudas de los mercados mediante la ejecución efectiva de un plan financiero sostenible, un requisito fundamental para recomponer el vínculo con el sector inversor.
