El destino de la investigación y la intervención de la FEMDO
El Gobierno federal confirmó que el expediente relacionado con el decomiso de 59 millones de litros de combustible en Guanajuato fue atraído formalmente por un área especializada de la Fiscalía General de la República. Esta decisión se tomó luego de que la empresa Grupo Simsa defendiera públicamente la legalidad de los materiales incautados en sus instalaciones.
Durante la conferencia matutina, la administración federal detalló que la indagatoria pasó a manos de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum puntualizó que la dependencia federal “tiene una investigación mayor sobre ilícitos de combustible. Todavía no termina”, dejando abierta la posibilidad de nuevas acciones legales conforme avancen las diligencias ministeriales.
Por su parte, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, aclaró que el operativo inicial en las instalaciones de Grupo Simsa se llevó a cabo dos semanas antes de que el gobierno estatal hiciera público el hallazgo ante la opinión pública.
Anomalías en el operativo y destitución de funcionarios
El secretario de Seguridad federal confirmó que Juan Francisco Vera, quien se desempeñaba como delegado de la FGR en Guanajuato, fue destituido de su cargo por orden de Ernestina Godoy. La medida se adoptó tras detectarse una serie de irregularidades procesales y administrativas durante la ejecución del cateo.
García Harfuch explicó que las autoridades federales detectaron que el procedimiento se ejecutó con antelación a su difusión oficial y se divulgó sin haber verificado todo absolutamente, lo que motivó una revisión exhaustiva de las acciones emprendidas por la delegación local.
En cuanto al estatus legal de los propietarios y directivos de la empresa, la FGR actualmente analiza minuciosamente la documentación contable y fiscal aportada por la compañía para determinar si existen inconsistencias, operaciones irregulares o si los hidrocarburos tienen un origen lícito. Ante la pregunta sobre si mandos policiacos locales se encuentran bajo indagaría, el funcionario federal indicó que, hasta el momento, no se tiene registro de que el fiscal estatal, Gerardo Vázquez, o el secretario de seguridad de Guanajuato, Juan Mauro González, estén formalmente investigados.
El origen del decomiso y la coordinación institucional
La mandataria federal relató cómo se enteró de la intervención en territorio guanajuatense, señalando que la FGR notificó a las autoridades federales el mismo día en que se encontraban de gira en el estado, advirtiendo desde ese momento que las pesquisas continuarían y que se preveían detenciones posteriores.
El seguimiento que derivó en la intervención judicial comenzó a partir del monitoreo de entradas, salidas y el trayecto de pipas que ingresaban al lugar sin la documentación completa que avalara el traslado legal de los hidrocarburos. En estas labores de inteligencia participó la policía estatal de Guanajuato, cuyos mandos aseguraron en su momento que el aseguramiento no fue producto de la casualidad, sino de un seguimiento táctico.
El despliegue operativo contó con la autorización judicial correspondiente, emitida por un juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en Guanajuato. Con dicho mandamiento, agentes del Ministerio Público Federal ingresaron a los predios en un operativo conjunto con fuerzas de seguridad estatales para asegurar los volúmenes de combustible que hoy están bajo peritaje federal.
