Revelan presunta intervención de ‘Andy’ para liberar embarcación retenida
Durante el desarrollo de las diligencias judiciales en contra de un exmilitar de alto rango acusado de encabezar una red de contrabando ilegal de hidrocarburos, la defensa legal expuso que el Ministerio Público incorporó testimonios que apuntan a la supuesta participación de un personaje conocido como «Andy». De acuerdo con los datos expuestos ante la autoridad judicial, esta persona habría intervenido para solucionar un conflicto relacionado con una embarcación retenida en el puerto de Guaymas.
Al concluir una sesión privada celebrada de manera virtual en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, el jurista Epigmenio Mendieta compartió detalles con los medios de comunicación sobre los elementos presentados por la fiscalía. Según la narrativa de los testigos, la gestión consistía en establecer comunicación directa con el entonces titular de la Secretaría de Marina para destrabar la situación del navío.
“Me parece que se han publicado en notas periodísticas dos nombres que resultan muy importantes, y que el Ministerio Público verbalizó esos nombres y que ya se lo puso de conocimiento a la juez. Dos nombres. Uno tan relevante que como cuando se atora un buque en Guaymas y uno de los testigos declara que le van a llamar por teléfono a ‘Andy’ para que lo destrabe. Es decir, que ‘Andy’ la va a hablar al secretario de Marina para que lo destrabe”, declaró el defensor tras salir de la audiencia.
Asimismo, el representante legal mencionó que las indagatorias integran declaraciones de un testigo protegido bajo el alias de «Santo». Este informante habría señalado que determinados muelles portuarios están vinculados con allegados a una figura política prominente originaria del estado de Tabasco.
“Es un testigo protegido con el dato de ‘Santo’ cuando habla de que tiene conocimiento de que los muelles donde llegan todos los barcos, el muelle 289 y 290 pertenecen a un compadre o amigo de un político muy importante de Tabasco”, puntualizó Mendieta.
Situación jurídica del excontralmirante y restricciones en el proceso
La mañana del jueves 27 de agosto, un juez determinó la vinculación a proceso del excontraalmirante Fernando ‘N’ por su probable responsabilidad en el delito de delincuencia organizada con fines de cometer ilícitos vinculados al sector energético. Como medida cautelar, se ratificó su reclusión en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido popularmente como ‘El Altiplano’.
La diligencia se llevó a cabo bajo un esquema de reserva total y sin el ingreso de representantes de la prensa. Esta restricción fue ordenada por la jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega, respondiendo a una solicitud formal de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que puso sobre la mesa un centenar de elementos probatorios para sustentar su acusación.
El esquema operativo del contrabando de hidrocarburos
Las investigaciones federales señalan que la estructura criminal operaba de manera simultánea en ocho entidades federativas del país. Las estimaciones económicas preliminares indican que las actividades ilícitas de esta red provocaron un quebranto al erario superior a los cuatro mil millones de pesos.
Para encubrir sus operaciones, la organización recurrió a la creación y utilización de empresas fachada con apariencia legal. Estas compañías figuraban oficialmente en sectores económicos dedicados a la importación de derivados del petróleo, la prestación de servicios portuarios y la gestión logística mediante infraestructura ferroviaria.
El modus operandi consistía en internar productos energéticos procedentes de territorio estadounidense presentando documentación alterada ante las instancias aduaneras. En dichos registros se declaraban volúmenes de carga notablemente inferiores a los reales, o bien, se falseaba la naturaleza de la mercancía transportada para evadir los controles fiscales y arancelarios correspondientes.
El uso estratégico de carros-tanque y redes de distribución
El empleo de unidades ferroviarias de carga representaba uno de los pilares fundamentales para el ingreso masivo del combustible de contrabando. Los informes de la fiscalía detallan que las corporaciones involucradas reportaban un promedio de apenas 10 mil litros por cada carro-tanque, cuando la capacidad real de transporte de dichos contenedores alcanzaba hasta los 110 mil litros, ocultando así cerca del 90 por ciento de la carga real.
Paralelamente, las autoridades indagan la existencia de posibles acuerdos colusorios entre integrantes de la red delictiva, operadores aduanales y personal operativo de la Secretaría de Marina, lo cual presuntamente facilitaba el cruce de los cargamentos por los puntos de revisión sin ser sometidos a inspecciones exhaustivas.
Una vez que los trenes cruzaban la frontera e ingresaban al país, el combustible no declarado era desviado hacia estaciones secundarias de conexión ferroviaria, conocidas técnicamente como espuelas. Desde esos puntos estratégicos comenzaba la fase de distribución terrestre, donde el producto era trasegado hacia pipas y unidades de carga pesada operadas por al menos siete empresas distintas para su comercialización clandestina en diversas regiones mexicanas, operando en instalaciones que carecían de los permisos requeridos por el regulador energético.
