“El propósito de la vida económica es sostener el cuidado, no al revés”, escribió la filósofa política Joan Tronto. Aquí la economía se sostiene a costa del cuidado.
En Florida, Irene Miller fue arrestada por dejar a sus cuatro hijos en casa mientras viajaba por trabajo. Su caso exhibe una contradicción: a las familias se les pide cuidar a solas y, cuando algo falla, el Estado aparece con sanciones.
Durante generaciones, el cuidado ha sido un trabajo que se hace puertas adentro, sobre todo por mujeres. Esto ya pasó con otros temas.
La educación, la salud y la violencia familiar fueron durante años “trapos sucios” que se lavaban en casa, hasta que la sociedad y el Estado asumieron su parte.
Con los cuidados vivimos algo parecido: una necesidad antigua cuyo costo económico y humano apenas comenzamos a reconocer, empujados por el envejecimiento de la población.
Según el INEGI, en 2024 el valor del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado equivalió al 23.9% del PIB, y las mujeres aportaron 72.6% de ese valor. Por eso la discusión es económica y, para sorpresa de nadie, feminista: mientras ellas cuidaban, otros pudieron estudiar y entrar al mercado laboral.
Y la necesidad crece. En México, hay 19.19 millones de personas adultas mayores. De acuerdo con el Instituto Nacional de Geriatría, 23% tiene alguna limitación para realizar actividades básicas de la vida diaria, como bañarse, vestirse o comer, y 11% necesita ayuda permanente. Vemos cifras cuando deberíamos ver personas.
Y, si tres cuartas partes del cuidado lo ponen las mujeres, deberíamos ver hijas, nueras, cuñadas y esposas. Mujeres que a menudo trabajan sin pausa y sin remuneración, muchas veces a costa de su propio empleo, de su salud o de su vejez.
Dos noticias recientes responden al envejecimiento por caminos distintos. Querétaro aprobó su Ley del Sistema Estatal de Cuidados, una iniciativa de política pública.
Grupo Pegasus, por su parte, apostó con capital privado por la llamada economía plateada, el mercado de servicios para una población mayor que busca atención, compañía y autonomía: compró Villazul, una residencia en Ciudad de México, dentro de un plan para invertir hasta 200 millones de dólares y superar las dos mil habitaciones en diez años.
Esta apuesta puede atraer inversión, profesionalizar empleos y crear infraestructura. Pero con mensualidades cercanas a los 60 mil pesos, el modelo atiende sobre todo a las clases media alta y alta.
No estoy haciéndole un reproche a la inversión privada, pero me gustaría que la capacidad de pago no fuera el único criterio para acceder a cuidados dignos.
La ley queretana reconoce el derecho a recibir cuidados, a cuidar en condiciones dignas y al autocuidado, y busca coordinar instituciones y servicios. Sin embargo, arrancará con el personal y el presupuesto existentes.
Sin recursos, una ley corre el riesgo de quedarse en el papel. Porque reconocer un derecho es un buen inicio, pero el verdadero reto está en financiarlo y hacerlo accesible.
Lo que ocurre dentro de los hogares no puede ser un asunto privado cuando toda la sociedad paga sus consecuencias: costos económicos, emocionales y sociales que recaen, sobre todo, en las mujeres.
El Estado, por sí solo, no tiene cómo cubrir esta demanda; el mercado, por sí solo, deja fuera a quien no puede pagarla.
El punto de encuentro está en la corresponsabilidad entre Estado, empresas, familias y comunidades. Todos fuimos cuidados en la infancia y, si vivimos lo suficiente, probablemente lo necesitaremos en la vejez.
Entre esos dos puntos, también nos toca o nos tocará cuidar. Esperemos que nadie tenga que hacerlo a solas.
