Aclara FGR que proceso judicial contra Ernesto Ruffo por huachicol sigue vigente
La Fiscalía General de la República (FGR) emitió una postura oficial para desmentir que el proceso legal en contra de Ernesto Ruffo haya concluido, luego de que un tribunal le otorgara una suspensión definitiva en fechas recientes derivada de una investigación por presuntos delitos relacionados con el tráfico ilegal de hidrocarburos.
Mediante un comunicado institucional, la dependencia federal enfatizó que el exgobernador de Baja California continúa formalmente vinculado a proceso y que las indagatorias ministeriales siguen su curso habitual para esclarecer los hechos en los que se le involucra.
¿Qué implica la suspensión definitiva otorgada al exmandatario?
La autoridad ministerial puntualizó que la medida cautelar concedida por el poder judicial tiene un alcance específico y limitado, el cual consiste únicamente en detener momentáneamente el procedimiento penal una vez concluida la etapa intermedia, a la espera de que se emita una sentencia definitiva dentro del juicio de amparo promovido por la defensa del imputado.
“La Fiscalía General de la República continuará sus investigaciones, hasta llevar a las personas responsables del caso ante la justicia”, explicó la institución.
#FGRInforma pic.twitter.com/5x38I9KBjx
— FGR México (@FGRMexico) November 1, 2026
Esta aclaración pública de la fiscalía se difundió un día después de que trascendiera que Azucena Lazalde Íñiguez, quien se desempeña como titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal del Estado de México, otorgó a Ruffo Appel la suspensión definitiva bajo el amparo registrado con el número 1085/2026.
Dicho recurso legal fue interpuesto por los representantes jurídicos del exgobernador con la intención de combatir el auto de vinculación a proceso dictado en su contra durante el mes de julio por Alejandra Ramírez de la Vega, jueza de control adscrita al Centro de Justicia Penal Federal ubicado en el penal del Altiplano.
Con esta resolución judicial, el procedimiento permanecerá en la etapa intermedia, lo que frena temporalmente la posibilidad de que se ordene el inicio de un juicio oral ante un tribunal de enjuiciamiento mientras los magistrados analizan el fondo del amparo.
Antecedentes de la detención de Ernesto Ruffo por el caso de combustibles
El exmandatario estatal, de 74 años de edad, fue aprehendido el pasado 16 de julio en la ciudad costera de Ensenada, Baja California. La captura ocurrió después de que las pesquisas de la FGR lo señalaran directamente como socio fundador y secretario del Consejo de Administración de la empresa Ingemar, la cual presuntamente formaba parte de una red de importación ilícita de energéticos que habría provocado un quebranto financiero al erario público por una cifra cercana a los cuatro mil millones de pesos.
Tras permanecer recluido por un periodo superior a dos meses en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el penal del Altiplano en el Estado de México, el exgobernador logró acceder al beneficio de prisión domiciliaria el 25 de septiembre.
La modificación de la medida cautelar fue autorizada por el juez federal Mario Elizondo Martínez, quien evaluó los argumentos expuestos por la defensa legal, destacando la avanzada edad del exgobernador de Baja California y los requerimientos médicos indispensables para preservar su estabilidad física.
Durante el periodo que duró su reclusión en el centro penitenciario de máxima seguridad, diversos actores políticos, simpatizantes y militantes del Partido Acción Nacional (PAN) organizaron protestas públicas y exigieron su liberación inmediata.
Incluso, su hija Verónica Ruffo hizo públicas las complicaciones de salud que su padre padecía durante su encierro, señalando ante los medios que el exmandatario había sufrido una pérdida de aproximadamente seis kilos de masa corporal y la fractura de una pieza dental debido a las condiciones de su reclusión.


