Auditoría Superior de la Federación descubre millonario desvío de recursos mediante empresas fantasma en el sistema electoral
Un esquema masivo de defraudación fiscal y simulación de operaciones ha puesto bajo la lupa el manejo financiero de los órganos electorales en el país. Durante una comparecencia ante la Cámara de Diputados, el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Aureliano Hernández, reveló que diversas redes de factureras y compañías fachada operaron de manera irregular durante más de una década, afectando directamente el presupuesto destinado a la democracia.
La revelación se dio en el marco de la entrega oficial del Segundo Paquete de Informes correspondientes a las revisiones de la Cuenta Pública. Ante los integrantes de la Comisión de Vigilancia del recinto legislativo, el funcionario detalló que las indagatorias de inteligencia llevadas a cabo por el organismo fiscalizador permitieron documentar un quebranto monumental que involucra tanto a instancias federales como locales.
Redes de corrupción y operaciones simuladas por miles de millones
De acuerdo con la información expuesta por el auditor superior, las investigaciones de carácter financiero permitieron descubrir que dos grandes conglomerados empresariales acumularon transacciones dudosas por un total de 8 mil 870.3 millones de pesos en el periodo comprendido entre 2014 y 2026. Del total de estos recursos observados, la cifra de 3 mil 790.3 millones de pesos estuvo vinculada directamente con diversos organismos públicos electorales locales.
El informe preliminar de la ASF expone que las compañías involucradas utilizaban tácticas complejas para burlar los controles fiscales. Entre los hallazgos destacan proveedores que mantenían nexos con entidades dedicadas al timbrado de comprobantes fiscales cuyas autorizaciones fueron canceladas previamente por colaborar con esquemas de facturación falsa, acumulando un monto de 21.3 millones de pesos bajo estas irregularidades. Asimismo, se detectó que al menos una de estas corporaciones comerciales se encuentra actualmente inhabilitada dentro del padrón oficial de importadores.
El modus operandi: subcontratación y plantillas laborales inexistentes
Al explicar la dinámica utilizada para sustraer los recursos públicos, el titular de la ASF detalló un patrón recurrente basado en la simulación de competencia y la adjudicación simulada de contratos gubernamentales.
«Es decir, la empresa ganadora subcontrata a una de las que participan en los procesos de licitación y forman parte de los grupos señalados. Además, detectamos registros laborales reducidos o nulos; es decir, empresas que, a pesar de facturar cientos de millones, cuentan con menos de 5 trabajadores, y en algunos casos ninguno», detalló el funcionario ante los representantes populares.
El organismo fiscalizador advirtió que los análisis de inteligencia financiera no solo apuntan hacia las razones sociales fachada, sino que también han comenzado a trazar posibles líneas de conexión entre los conglomerados mercantiles y diversos servidores públicos que habrían facilitado la asignación de contratos durante los ejercicios fiscales analizados.
Ampliación de las indagatorias a nivel nacional
La investigación que encabeza la Auditoría Superior de la Federación abarca de forma integral a todos los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), así como a cualquier proveedor, persona física o funcionario público que resulte involucrado en las redes de triangulación de recursos detectadas.
«A través de diversos requerimientos de información, estamos realizando un estudio pormenorizado para identificar los orígenes de estas conductas desde los primeros años en los que establecen operaciones relacionadas con los organismos electorales y estos mismos grupos empresariales, con la finalidad de combatir la corrupción enquistada en menoscabo de los recursos asignados a estas importantes funciones», expresó Hernández a los legisladores.
Las auditorías continúan su curso legal y se espera que los resultados definitivos sirvan para fincar las responsabilidades administrativas y penales correspondientes ante las instancias de procuración de justicia.
