Administración de la Espriella solicita al legislativo inyección económica de 3,9 billones de pesos
El Ejecutivo colombiano ha radicado ante el Congreso de la República una solicitud imperativa para avalar dos ajustes presupuestales que ascienden a COP$3,9 billones. Esta maniobra fiscal tiene como metas principales estabilizar las finanzas del mercado eléctrico nacional y asegurar los recursos requeridos para socorrer y levantar las zonas devastadas por un movimiento telúrico de gran magnitud.
El planteamiento, liderado por el jefe de la cartera de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez Martínez, contempla un movimiento de COP$1,2 billones orientados al mercado de energía, además de una inyección extraordinaria de COP$2,7 billones dirigida al denominado Fondo Milagro, instrumento clave para mitigar las secuelas de la reciente catástrofe telúrica.
1/3 El MinHacienda @miguel_gomez_m presentó ante las Comisiones Económicas del Congreso dos modificaciones urgentes al Presupuesto 2026: recursos para enfrentar el riesgo de desabastecimiento eléctrico y financiar la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto. pic.twitter.com/v5TaPozwyA
— MinHacienda (@MinHacienda) October 27, 2026
Estrategias para blindar el suministro eléctrico nacional
La primera de las modificaciones presupuestales estipula la reasignación de COP$1,2 billones con el propósito fundamental de inyectar liquidez a las compañías generadoras de energía térmica. De esta manera, las autoridades buscan mitigar el peligro de apagones o suspensiones en el servicio, poniendo especial énfasis en la costa norte del territorio colombiano.
Detalles ofrecidos por el Ministerio de Hacienda revelan que una porción de estos fondos, equivalente a COP$750.000 millones, se obtendrá a partir de dineros liberados tras replantear iniciativas de transporte masivo que carecen de ejecución prevista para el periodo fiscal en curso. El saldo restante, tasado en COP$450.000 millones, provendrá directamente de las arcas asignadas al Ministerio de Minas y Energía, las cuales estaban originalmente orientadas a subvenciones del servicio eléctrico.
Esta exigencia gubernamental surge en un escenario sumamente complejo debido a la iliquidez que atraviesa la comercializadora Air-e. Dicha corporación arrastra pasivos por COP$6,3 billones, de los cuales COP$1,7 billones corresponden a compromisos pendientes con las empresas térmicas generadoras.
Desde el Gobierno se ha emitido una alerta sobre cómo esta cadena de impagos pone en jaque la estabilidad de todo el sistema energético, puesto que las plantas térmicas precisan de ingresos constantes para adquirir los combustibles fósiles indispensables en la producción de electricidad. Dicha vulnerabilidad adquiere una dimensión crítica ante la amenaza latente de fenómenos climáticos adversos.
“Si Air-e no les paga a las generadoras térmicas, las generadoras térmicas no pueden comprar el combustible con el cual generan electricidad y eso podría generar un problema muy serio de abastecimiento de energía en esa zona del país”, advirtió el ministro de Hacienda.
Asimismo, el alto funcionario recalcó la gravedad del pasivo acumulado por la distribuidora, mientras que la titular de Minas y Energía enfatizó que esta coyuntura compromete la salud financiera de todo el engranaje eléctrico y no se limita a un inconveniente aislado de la firma comercial.
Recursos frescos para la recuperación de las zonas golpeadas por el sismo
El segundo componente de la iniciativa legislativa plantea una adición presupuestal de COP$2,7 billones incorporados al Fondo Milagro. Estos capitales se enfocarán de manera prioritaria en la asistencia humanitaria a las poblaciones damnificadas y en la posterior edificación de infraestructura en los territorios devastados.
La cartera económica precisó que los fondos provendrán de las recaudaciones gestionadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), producto de las disposiciones fiscales implementadas para hacer frente a la contingencia, lo que incluye esquemas de saneamiento para contribuyentes en mora.
Con esta ampliación de los recursos públicos, el Ejecutivo pretende dotar de solidez financiera a los planes de recuperación territorial. Para ello, resulta indispensable que el poder legislativo otorgue su visto bueno y permita integrar dichos capitales dentro del ejercicio fiscal actual.
Todo este proceso se desarrolla bajo un panorama de estrictas limitaciones presupuestarias para el periodo, lo que obliga, según la visión del equipo económico, a una pronta deliberación y sanción de los instrumentos solicitados.
Llamado a la celeridad en el trámite legislativo
Ante la magnitud de los desafíos planteados, el responsable de las finanzas públicas hizo hincapié en la urgencia de que el Congreso discuta y apruebe ambos decretos presupuestales sin mayores demoras, motivado tanto por la fragilidad del sector energético como por las apremiantes necesidades humanitarias de los ciudadanos golpeados por el sismo.
“El tiempo lamentablemente corre no solo en contra del sector eléctrico de nuestro país, sino también, naturalmente, de las personas afectadas que necesitan atención urgente”, concluyó el funcionario.
