Consorcio privado se queda con AySA tras una millonaria oferta y promete fuertes inversiones
La administración del presidente Javier Milei dio un paso decisivo en su política de desinversión estatal al adjudicar el control mayoritario de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). El proceso de venta concluyó con la selección de una propuesta económica que superó a sus competidores en una puja clave para el sector de servicios públicos del país sudamericano.
Una puja millonaria por el control de la compañía
El consorcio comprador, formado por las firmas Rowing, Arcos, Transclor y PHX e impulsado por el empresario Mauricio Filiberti, se impuso en el concurso público al presentar una propuesta económica de US$340,2 millones. Con esta cifra, el grupo adquirió el 90% de las acciones de la empresa encargada del agua potable y los desagües cloacales en la región metropolitana.
En el camino quedó la oferta presentada por Roggio SA, que había fijado su propuesta en US$285 millones. No obstante, la cifra final obtenida por la administración central se situó por debajo de la expectativa inicial del Ministerio de Economía, que aspiraba a recaudar cerca de US$500 millones por la participación accionaria estatal. Tomando como base la transacción actual, la valoración total de la compañía rondaría los US$378 millones.
Desde el lado comprador valoraron el resultado del proceso licitatorio. “La oferta presentada fue de US$340.200.000, superando casi en un 20% a la del competidor, y contempla un plan de obras basado en la mejora de la calidad del servicio”, destacaron los representantes del holding mediante un comunicado oficial.
Para completar formalmente la operación, la adjudicación todavía debe superar la revisión final de la Comisión de Evaluación encargada del proceso. En tanto, el 10% restante del paquete accionario continuará en poder del gremio liderado por Omar Lingeri.
Compromisos de inversión y metas de cobertura
El nuevo esquema de concesión incorpora exigentes obligaciones de inversión para los próximos años con el fin de ampliar la red de servicios esenciales. Según los detalles difundidos por la cartera económica, el plan de acción previsto para el período comprendido entre 2027 y 2031 asciende a ARS$2,89 billones, calculados a valores de diciembre de 2025 y sin incluir el impuesto al valor agregado.
Dicho presupuesto se distribuirá en distintas áreas operativas y de infraestructura: ARS$1,13 billones se destinarán a obras nuevas, ARS$1,15 billones a tareas de mantenimiento, ARS$315.761 millones a mejoras tecnológicas y de eficiencia, y ARS$296.166 millones a gastos corrientes de operación.
El contrato estipula metas de cobertura progresivas. Para el año 2031, los indicadores deberán alcanzar el 75,3% en el servicio de agua potable y el 63,9% en materia de cloacas. Hacia el cierre de esta etapa inicial de la concesión, los niveles mínimos obligatorios tendrán que trepar hasta el 90% y el 75%, respectivamente.
Cuestionamientos oficiales a la administración pasada
Al anunciar los detalles de la privatización, el Ejecutivo nacional cuestionó duramente el funcionamiento histórico de la empresa y los fondos públicos que recibió en etapas anteriores, especialmente durante la gestión kirchnerista que encabezó Malena Galmarini, esposa del exministro de Economía Sergio Massa.
“Entre 2006 y 2023, la empresa recibió transferencias del Tesoro Nacional por más de US$13.400 millones”, enfatizó el reporte oficial. Asimismo, la administración actual advirtió que, a pesar de esos cuantiosos recursos, un tercio de la población en el área concesionada carecía de conexiones formales a las redes de agua y saneamiento.
El diagnóstico oficial también alertó sobre ineficiencias operativas significativas, al señalar que las pérdidas de agua no contabilizada se sostenían en un 42%, la morosidad en el pago de tarifas escaló del 4% al 16% y los costos operativos experimentaron un incremento del 80%.
La postura del grupo subcampeón
Tras conocerse la decisión oficial, desde la firma Roggio lamentaron el resultado, aunque defendieron la competitividad de su propuesta y subrayaron su larga trayectoria en el mercado de la infraestructura y los servicios públicos en la Argentina.
Allegados a la compañía indicaron a este medio que llegaron a la instancia final con una alternativa sólida y respaldada por su experiencia técnica. Asimismo, recordaron su siglo y cuarto de historia en el país, lo que demuestra su capacidad para superar contextos complejos y mantener el compromiso inversor en el territorio nacional.


