A 40 años de las tragedias que marcaron a México, la gran incógnita sigue siendo la prevención

La sombra inevitable de septiembre y el mito científico

El noveno mes del año mantiene un vínculo profundamente doloroso con la memoria colectiva de la sociedad mexicana. Aunque la comunidad científica insiste de manera reiterada en que los movimientos telúricos escapan a cualquier método de predicción y desmienten la existencia de anomalías geológicas que conviertan a este periodo en una temporada oficial de sismos, la realidad social opera bajo otros parámetros. Resulta suficiente evocar el 19 de septiembre para que millones de ciudadanos revivan de inmediato los devastadores impactos sufridos en 1985 y 2017.

Con la llegada de un nuevo aniversario, más allá de alimentar mitos infundados o especulaciones sin respaldo técnico, la fecha exige una reflexión ineludible y de máxima urgencia: ¿está México verdaderamente preparado para enfrentar un terremoto de gran magnitud?

Si bien los fenómenos naturales son inevitables, gran parte de sus consecuencias fatales pueden prevenirse. En este punto radica la responsabilidad fundamental de las instituciones públicas. Ningún mandato gubernamental tiene el poder de detener la colisión de las placas tectónicas, pero sí cuenta con las atribuciones necesarias para impedir el colapso de edificaciones irregulares, supervisar el estricto cumplimiento de los reglamentos de construcción, actualizar los mapas de riesgo, robustecer las alertas tempranas, instruir de forma continua a la ciudadanía, garantizar hospitales funcionales ante emergencias y, sobre todo, asegurar recursos financieros disponibles de manera inmediata ante cualquier catástrofe.

El costo político de eliminar instrumentos financieros

Bajo esta premisa, resulta imposible analizar la situación actual de la protección civil sin examinar una de las decisiones más polémicas implementadas durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador: la supresión del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), medida enmarcada en la desaparición masiva de fideicomisos impulsada por el movimiento oficialista.

En su momento, el argumento oficial se sustentó en la lucha contra la corrupción, la opacidad y la intervención de intermediarios. Si bien era perfectamente legítimo auditar el funcionamiento del fondo, investigar anomalías y sancionar a los responsables, la alternativa elegida generó profundas dudas. La estrategia consistió en desmantelar un mecanismo financiero creado específicamente para que el Estado mexicano pudiera responder con agilidad ante sismos, ciclones, inundaciones y otros desastres, evitando caer en la improvisación presupuestal.

Este episodio reflejó un vicio recurrente en la gestión pública reciente: equiparar instituciones imperfectas con entidades inútiles. En lugar de depurarlas, dotarlas de mayor profesionalismo y transparentar su operación, optaron por eliminarlas bajo el pretexto de pertenecer a modelos anteriores. No obstante, la naturaleza ignora por completo las etiquetas ideológicas y un terremoto jamás consulta la filiación partidista de quienes ocupan el poder. Por esta razón, la protección civil debe constituir una política de Estado permanente y ajena a disputas partidistas.

Desafíos pendientes en zonas urbanas y rurales

La actual administración federal cuenta con una ventana propicia para rectificar este enfoque. No se trata necesariamente de revivir el antiguo fondo bajo las mismas reglas, sino de consolidar un auténtico sistema nacional de contingencias dotado de presupuesto suficiente, transparente, auditable y de disposición instantánea ante crisis generalizadas. Este debate debería ocupar un lugar central en la discusión del presupuesto federal.

En las grandes metrópolis del país, la presión sobre el suelo urbano continúa intensificándose de manera alarmante. El crecimiento de desarrollos inmobiliarios, la modificación de inmuebles sin la supervisión adecuada, la corrupción en la emisión de permisos y la actuación tardía de las autoridades municipales generan escenarios de alto riesgo. La eficacia en la protección civil no comienza cuando se activa la alerta sísmica, sino mucho antes, exactamente en el momento en que se otorga una licencia de construcción.

Fuera de los grandes centros de población, el panorama adquiere matices aún más complejos. En diversas comunidades rurales de entidades como Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Puebla, persisten viviendas edificadas con materiales vulnerables, infraestructura carretera deficiente, centros de salud alejados y administraciones locales con capacidades operativas mínimas. En estas regiones, la vulnerabilidad social se traduce directamente en un mayor riesgo sísmico.

México ha logrado avances significativos en el desarrollo de una cultura de prevención. La realización constante de simulacros, el establecimiento de rutas de evacuación, la aplicación de protocolos escolares y laborales, así como el funcionamiento del Sistema de Alerta Sísmica, han generado hábitos preventivos inexistentes hace cuatro décadas. Sin embargo, asumir que estas medidas bastan para garantizar la seguridad nacional equivaldría a caer en una peligrosa autocomplacencia.