Radiografía de la delincuencia en México: fraude y extorsión dominan el panorama nacional
El panorama de seguridad en la República mexicana atraviesa por un periodo complejo, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026, difundida recientemente por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Los datos recopilados señalan que las modalidades ilícitas evolucionan constantemente, situando a las estafas financieras y las amenazas coaccionadas como los principales dolores de cabeza para la ciudadanía.
Millones de afectados y el peso de la incidencia criminal
Durante el ciclo anual previo, la estadística oficial contabilizó un total de 33.8 millones de delitos cometidos a lo largo del territorio nacional. Este volumen masivo de actividad ilícita tuvo un impacto directo en 23 millones de personas, alcanzando a 11.7 millones de hogares donde al menos uno de sus integrantes figuró como víctima de algún ilícito.
Dichas cifras se traducen en una tasa general de 23 mil 473 víctimas por cada 100 mil habitantes, un indicador que muestra un decremento estadístico frente a las mediciones del periodo precedente, cuando se documentaron 24 mil 135 afectados por la misma proporción poblacional. Al desglosar por género, la incidencia afectó a 22 mil 539 mujeres y 24 mil 555 hombres por cada 100 mil residentes.
En el plano geográfico, las tasas de prevalencia más altas se concentraron en la Ciudad de México, con 34 mil 930 víctimas; seguida por el Estado de México, con 31 mil 889, y Puebla, con 26 mil 164. Destaca especialmente que la capital del país desplazó al territorio mexiquense del primer sitio en esta categoría de afectación personal.
El avance incontenible de la extorsión y el fraude
Al analizar la naturaleza de los actos cometidos, el fraude —que abarca desde modalidades bancarias hasta engaños a consumidores—, la extorsión y el robo o asalto en calle o transporte público se posicionaron como los delitos más frecuentes. En conjunto, este tridente criminal aglutinó el 60.3 por ciento de toda la incidencia nacional registrada.
Pese a que la tasa global de delitos por cada 100 mil habitantes experimentó una ligera contracción del 1.4 por ciento, el volumen total de 33.8 millones de ilícitos representa la cifra más elevada desde que el Inegi comenzó el levantamiento sistemático de esta encuesta en 2012. Esta baja general obedeció principalmente a disminuciones en ilícitos de carácter tradicional, tales como el atraco callejero, que retrocedió un 6.0 por ciento, y el robo de vehículos, con una baja del 9.9 por ciento.
No obstante, el alivio en los robos contrastó fuertemente con la expansión de otros delitos. La extorsión escaló hasta consolidarse como el segundo delito más común del país, registrando un incremento del 14.4 por ciento con respecto al ciclo anterior y alcanzando una tasa de 6 mil 831 casos por cada 100 mil habitantes. Paralelamente, el fraude escaló un 9.5 por ciento, reafirmándose como la actividad ilícita de mayor incidencia. Como ocurre en la victimización general, la Ciudad de México lideró la tasa más alta de incidencia delictiva con 68 mil 154 delitos por cada 100 mil habitantes, duplicando el promedio nacional.
La sombra de la impunidad y el costo económico
Uno de los mayores obstáculos para el estado de derecho sigue siendo la llamada cifra negra, la cual engloba aquellos ilícitos que las víctimas deciden no reportar ante las autoridades o que, aun siendo denunciados, no derivan en una carpeta de investigación formal. Durante el periodo evaluado, el 93.4 por ciento de los delitos no fueron denunciados o investigados, un porcentaje de impunidad que acumula una tendencia al alza desde el año 2022.
Los niveles más alarmantes de opacidad institucional se concentran en el secuestro y la extorsión, apartados que acumularon los mayores volúmenes de cifra oculta con un 98.2 por ciento y un 97.5 por ciento, respectivamente. Analistas económicos de Banamex advirtieron al respecto que la cifra negra continúa configurándose como la principal vulnerabilidad estructural dentro del sistema de procuración de justicia.
A este desgaste institucional se adhiere un profundo quebranto financiero. El costo total del delito y las medidas de prevención implementadas por la ciudadanía ascendió a 267.3 mil millones de pesos, una cifra monumental que equivale al 1.06 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.
Percepción ciudadana y clima de zozobra
En el terreno subjetivo, el ambiente de tranquilidad social continúa deteriorándose. Entre los primeros meses del año, 74 de cada 100 personas adultas manifestaron sentirse inseguras en su respectiva demarcación estatal. Al profundizar en las preocupaciones de la ciudadanía, el estudio demoscópico reflejó que el 60.7 por ciento de la población identificó la inseguridad como su inquietud primordial, superando con amplio margen a problemas económicos como el aumento generalizado de precios y los deficientes servicios de salud.
