Un panorama macroeconómico más realista pero con desafíos estructurales
El diseño del Paquete Económico 2027 ha puesto sobre la mesa un conjunto de variables económicas que los especialistas consideran mucho más apegadas a la realidad actual, mostrando una voluntad oficial por disminuir el desbalance en las cuentas nacionales. Sin embargo, diversos análisis económicos advierten que esta estrategia deja postergada la tan anhelada consolidación fiscal, mientras que las proyecciones de endeudamiento público mantienen una trayectoria ascendente que podría representar serios desafíos para la estabilidad financiera del país en el mediano plazo.
Para el cierre de 2026, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ajustó su pronóstico de expansión económica a un intervalo de entre 1% y 2%, cifra inferior al rango de 1,8% a 2,8% que había sido anticipado durante el mes de abril en los Pre-Criterios Generales de Política Económica. Asimismo, de cara al año siguiente, el Gobierno federal contempla un incremento del Producto Interno Bruto que oscilará entre 1,5% y 2,5%, lo que también representa un recorte frente a las expectativas iniciales de 1,9% a 2,9%. Por su parte, los consultados en el consenso de analistas financieros sitúan el crecimiento en 1,3% para el cierre de 2026 y prevén un 1,8% para el periodo subsecuente.
Sobre este escenario, Judith Méndez, directora ejecutiva del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), señaló: “Es un marco macroeconómico más realista, pero la consolidación fiscal queda pendiente y está por debajo de lo deseado, y lo que vemos de la deuda es que, por lo general, había aumentos y había cierta contención cada determinado periodo, lo que ahora vemos es que tendría una tendencia creciente”.
Déficit y la presión sobre el saldo histórico de la deuda
Las proyecciones oficiales indican que la reducción del déficit público —calculado a través de los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP)— se llevará a cabo a un ritmo más pausado del que se había planteado originalmente, lo que aleja la posibilidad de cumplir con las metas de saneamiento de las finanzas públicas para el término de la década.
En este sentido, la administración federal calcula un déficit equivalente al 3,9% del PIB para el próximo año, cifra que contrasta con el 3,5% del PIB que se había estimado de forma preliminar en abril pasado. Como consecuencia directa de este ritmo de gasto, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), que constituye el indicador más abarcador de las obligaciones financieras del Estado, se ubicaría en 55% del PIB al concluir 2027, lo que representa un incremento de 0,7 puntos porcentuales en comparación con lo autorizado para el ejercicio fiscal previo.
En términos absolutos y nominales, las obligaciones financieras acumuladas del Estado mexicano alcanzarían la cifra de MXN$21,6 billones al término de 2027, consolidando un panorama donde la velocidad del endeudamiento supera los esfuerzos de contención gubernamental.
Factores de riesgo y composición del gasto público
El organismo de investigación económica enfatizó que la trayectoria proyectada para las obligaciones financieras del Estado carece de estabilidad y conlleva amenazas considerables de expansión, tomando en cuenta su comportamiento histórico y la insuficiencia estructural de los ingresos tributarios y petroleros.
Entre los principales factores de presión se encuentra la recaudación, que permanece estancada en un nivel de 22,8% del PIB. Aunque los ingresos tributarios han mostrado un comportamiento positivo, estos recursos apenas alcanzan para compensar la contracción en los ingresos derivados del sector petrolero. Adicionalmente, el costo financiero por el servicio de la deuda se ubica en 4% del PIB, superando el propio nivel de endeudamiento neto proyectado.
“La deuda propuesta para 2027 es uno de los motivos que evita la consolidación fiscal”, puntualizó la directora ejecutiva del CIEP, al tiempo que advirtió sobre la costumbre sistemática de subestimar este indicador en las estimaciones oficiales.
Para el ejercicio fiscal de 2027, el proyecto contempla un gasto neto total de MXN$10,6 billones, lo que representa un avance real de 0,7% en contraste con lo aprobado para el año anterior. Al analizar la distribución de estos recursos, se observa que una parte sustancial del presupuesto se destina a obligaciones ineludibles: el costo financiero consume MXN$1,57 billones; el gasto federalizado asciende a MXN$3,05 billones; el rubro de pensiones y jubilaciones requiere MXN$1,84 billones; y la inversión pública se sitúa en MXN$1,13 billones. En conjunto, estas cuatro partidas absorben MXN$7,59 billones, equivalente al 72% del gasto total programado.
Por el lado de los recursos disponibles, la Ley de Ingresos proyecta recaudar MXN$9,16 billones, una cifra que representa el 23,2% del PIB y un crecimiento real de 1,7% respecto al año previo. No obstante, las modificaciones fiscales contempladas para 2027 aportarían una recaudación adicional de entre 0,34% y 0,36% del PIB a través del Impuesto Sobre la Renta (ISR), un monto insuficiente para mitigar la caída del 0,6% del PIB prevista en los ingresos petroleros.
