Una red de marcas bajo un mismo control corporativo
A lo largo de más de una década, diversos incidentes graves que van desde fugas hasta incendios y explosiones han puesto bajo la lupa a una de las corporaciones gaseras más grandes del país. El factor común en estos siniestros no se limita a la naturaleza volátil del combustible, sino a una estructura de negocios integrada de principio a fin, donde el mismo conglomerado se encarga de almacenar, transportar y distribuir gas LP, además de fabricar gran parte de los recipientes y vehículos utilizados en sus labores cotidianas.
La complejidad de su estructura societaria dificulta visibilizar la magnitud de sus operaciones como un solo ente. En su directorio figuran razones sociales y marcas comerciales tan diversas como Gas Tomza, Gas Silza, Gas y Servicio, Unigas, Gas Titanium, Gasomático, Gas Chapultepec e Hidrogas, operando en múltiples regiones. A esto se suma la participación de Industrias Zaragoza, filial dedicada a la fabricación de cilindros, tanques de almacenamiento y autotanques.
Los siniestros más graves y el peso de las investigaciones
El incidente de mayor gravedad registrado ocurrió el 10 de septiembre de 2025, cuando un autotanque perteneciente a la filial Transportadora Silza volcó y detonó bajo el Puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa. Aquel suceso dejó un saldo trágico de 32 personas muertas y decenas de lesionados. Las indagatorias de la fiscalía capitalina descartaron fallas en la carpeta asfáltica y documentaron irregularidades vinculadas con exceso de velocidad, jornadas laborales prolongadas y ausencia de controles médicos para el operador.
Casi un año después, el 6 de agosto de 2026, una unidad de Tomza Gas Titanium protagonizó una fuga de combustible en la colonia Las Granjas, en Cuernavaca. El gas liberado desató una fuerte explosión que dejó 22 personas lesionadas, daños materiales severos en viviendas y vehículos, y posteriormente una víctima mortal. Tras los hechos, la autoridad estatal abrió procedimientos administrativos, mientras que el conductor del vehículo permaneció prófugo y la empresa continuó operando.
Los antecedentes se extienden a otras entidades. En 2013, una explosión en una planta de Gas Pronto ubicada en Amozoc, Puebla, cobró la vida de seis personas y dejó a otras seis heridas. Una inspección posterior de la Secretaría de Energía en 28 pipas de la instalación reveló irregularidades en 16 unidades, lo que derivó en sanciones económicas por 52.1 millones de pesos. Ese mismo año, en Mérida, una fuga en la válvula principal de una pipa provocó un estallido que mató a dos personas mientras abastecía un negocio local.
Retos en la supervisión y opacidad en las medidas correctivas
Los problemas operativos también han alcanzado los centros de procesamiento. En abril de 2023, una explosión al interior de la planta de Silza en Tijuana causó la muerte de cuatro trabajadoras e hirió a tres personas más, luego de que fragmentos metálicos de un recipiente colapsado salieran proyectados hacia las oficinas administrativas. Posteriormente, en noviembre de 2025, una camioneta cargada con 25 cilindros estalló en Mexicali debido a una falla mecánica inicial.
Ante este historial, las autoridades federales han intentado intensificar las revisiones. Sin embargo, en agosto pasado, personal de inspección acudió a una planta de distribución en Almoloya de Juárez operada por Unigas —otra filial del corporativo— y el acceso les fue negado, por lo que la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente anunció sanciones por impedir la diligencia.
En el caso del accidente de Iztapalapa, Silza concretó acuerdos reparatorios que ascendieron a unos 480 millones de pesos destinados a indemnizaciones para los afectados, aunque dichos recursos no equivalen a una sanción gubernamental punitiva ni se ha hecho pública la revocación de sus permisos de transporte. Pese a la frecuencia de estos eventos en diferentes eslabones de su cadena logística, persiste la falta de información oficial transparente sobre las modificaciones de fondo que el grupo haya implementado en sus protocolos de mantenimiento y seguridad para evitar nuevas emergencias.
