Imponen prisión preventiva a presuntos implicados en el crimen de Jonathan Meléndez
Una jueza de control dictó la medida cautelar de prisión preventiva a Diego Sebastián ‘N’ y Gerardo ‘N’, quienes son señalados como los probables responsables del multihomicidio de Jonathan ‘Honas’ Meléndez, tecladista de la agrupación Camilo Séptimo, y de su núcleo familiar durante los hechos ocurridos en el municipio de Atizapán.
La determinación judicial se tomó durante la noche del pasado sábado 5 de septiembre, tras una primera audiencia en la que la autoridad evaluó los elementos presentados por la representación social. Será en una nueva cita procesal, programada para el próximo miércoles 9 de septiembre en los juzgados de Barrientos, ubicados en Tlalnepantla, cuando la impartidora de justicia resuelva si emite o no la vinculación a proceso en contra de los imputados, entre los que figura un exsocio del músico.
El móvil: una búsqueda millonaria de criptomonedas y transferencias ilícitas
De acuerdo con las indagatorias expuestas por el Ministerio Público durante la audiencia, el crimen estuvo motivado por la presunta intención de robar una caja fría con millones de dólares en bitcoins que el artista resguardaba en su domicilio particular.
La fiscalía detalló que Diego Sebastián ‘N’ pretendía apropiarse de al menos 3.5 millones de pesos en criptomonedas. Según los datos integrados en la carpeta de investigación, una vez que los agresores consiguieron apoderarse de las llaves electrónicas de acceso, realizaron diversas transferencias financieras hacia España.
Asimismo, los elementos ministeriales expusieron que el vehículo utilizado por los sospechosos para huir del lugar contenía diversos indicios materiales vinculados directamente con el multihomicidio, tales como cinta adhesiva y cinchos de plástico, mismos que habrían sido empleados para someter a las víctimas.
Una masacre que cobró la vida de cuatro personas y una mascota
Las investigaciones apuntan a que el exsocio del tecladista y su cómplice habrían privado de la vida no solo al músico, sino también a Ana Paula Barragán, esposa del artista; a la hija de ambos, de 3 años de edad; y a Aleyda Romero, quien se desempeñaba como trabajadora del hogar en el domicilio.
Para sustentar la acusación, la jueza encargada del caso recibió una robusta carga probatoria que oscila entre 60 y 70 datos de prueba recabados por las corporaciones de seguridad y procuración de justicia del Estado de México.
Delitos imputados y posibles sanciones penales
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que los dos detenidos enfrentan cargos sumamente graves que podrían derivar en penalidades históricas en caso de ser hallados culpables en las etapas posteriores del juicio.
Los ilícitos que se les imputan formalmente son:
- Homicidio calificado cometido en agravio de cuatro personas.
- Interrupción del embarazo, debido a que Ana Paula Barragán se encontraba cursando el cuarto mes de gestación al momento de los hechos.
- Maltrato y crueldad contra animales, ya que una perra de raza Golden Retriever propiedad de la familia también fue ultimada en la escena del crimen.
Ante este escenario jurídico, los presuntos implicados se exponen a condenas que van de los 25 a los 70 años de prisión por cada homicidio. Adicionalmente, podrían acumular sentencias de hasta 10 años de cárcel por la interrupción del embarazo y hasta 6 años adicionales por el sacrificio de la mascota.
Planificación previa y el destino del arma utilizada
Las líneas de investigación ministeriales revelaron una cronología detallada de los preparativos del crimen. El 31 de agosto, un día antes de que se perpetrara el ataque, Diego Sebastián ‘N’ habría girado instrucciones a su cómplice Gerardo ‘N’ para adquirir herramientas específicas, entre ellas un desarmador plano, un desarmador de cruz, elementos electrónicos, cinchos de gran tamaño, guantes negros de tatuador y cubrebocas.
En relación con el instrumento empleado para consumar el ataque letal, las autoridades sospechan que los agresores utilizaron una pistola con silenciador, lo cual explicaría por qué los vecinos de la zona no percibieron detonaciones de arma de fuego. Durante sus primeras declaraciones ante el personal ministerial, los propios imputados confesaron que el arma fue desmontada y aventada a una barranca.
Los reportes de la investigación también señalan que el principal sospechoso le habría prometido a su cómplice un pago de 2 millones de pesos como retribución si lograban concretar el robo de los activos digitales. En el desarrollo de la agresión, la situación escaló al punto de que los atacantes buscaron eliminar a cualquier posible testigo, un momento en el que, de acuerdo con los registros del caso, el propio Jonathan le habría advertido a uno de ellos: «Te voy a ching…, ya todos te vieron».
