Suspenden operaciones de clínica ligada a la Patrulla Espiritual tras un asesinato en Tijuana
Las autoridades sanitarias y de seguridad de Baja California llevaron a cabo una intervención en un centro de atención contra las adicciones ubicado en la ciudad fronteriza, resultado de una serie de indagatorias ministeriales por un crimen ocurrido en sus instalaciones y diversas irregularidades en su funcionamiento operativo.
Operativo interinstitucional en el Ejido Matamoros
Durante la tarde del viernes 4 de septiembre, inspectores de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) acudieron a las instalaciones de la clínica Jireh, situada en el Poblado Ejido Matamoros. La diligencia no se limitó al ámbito administrativo, ya que el perímetro fue resguardado por un contingente compuesto por decenas de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE BC) y la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), quienes mantuvieron el control de la zona durante las horas que duró la intervención.
El cierre temporal de este establecimiento operado por la Patrulla Espiritual se concretó tras comprobarse el incumplimiento sistemático de la normativa aplicable para este tipo de centros de asistencia. La suspensión de actividades constituye una medida administrativa formal derivada de las observaciones levantadas durante la verificación sanitaria.
Investigación por homicidio y detenciones
El detonante principal de la movilización policial en el lugar fue el esclarecimiento de la muerte de un paciente identificado como Richard, de 28 años, quien perdió la vida al interior del inmueble a consecuencia de una asfixia provocada. Por estos hechos, las autoridades ministeriales confirmaron la detención de dos hombres presuntamente implicados directamente en el homicidio.
Paralelamente, durante las revisiones de seguridad efectuadas en el perímetro de la clínica, los agentes policiales arrestaron a un hombre que se desempeñaba como escolta personal, luego de detectarse que portaba un arma de fuego sin contar con el permiso correspondiente para su portación legal, quedando ambos casos a disposición de la fiscalía estatal bajo el principio de presunción de inocencia.
Situación de los internos y postura de los dirigentes
Ante la inhabilitación del lugar, las autoridades ofrecieron de manera inmediata la alternativa de traslado y atención especializada al Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California (IPEBC) a todas las personas que se encontraban internadas bajo tratamiento en el centro.
Horas antes de que se ejecutara la medida de clausura, Jesús Ignacio Osuna Torres, ampliamente conocido como “Chiquilín” y líder de la agrupación, difundió un mensaje audiovisual en plataformas digitales en el que intentó frenar la acción gubernamental, apelando directamente a la gobernadora Marina del Pilar Ávila para evitar la suspensión definitiva.
Pese a la ejecución de la medida, el dirigente externó su confianza en poder destrabar la situación jurídica y administrativa del inmueble en el corto plazo, asegurando que cumplirán con los trámites solicitados por la dependencia sanitaria.
“Nos dieron la prueba de cinco días para entregar la documentación faltante… era necesario y ahora solo falta esperar que se arreglen las cosas y entregar la documentación faltante, sencillo, no pasa nada, todo está bien”, refirió Osuna Torres al abordar el estatus legal de la clínica.
Asimismo, el representante del centro de rehabilitación enfatizó que los responsables directos del homicidio registrado en sus instalaciones deben enfrentar a la justicia, al tiempo que reiteró su intención de reabrir el espacio una vez que solventen los requerimientos exigidos por la Coepris.
