Por qué el pago de impuestos y el civismo fiscal son indispensables para garantizar los derechos ciudadanos

Hacer valer nuestras garantías fundamentales requiere de una sólida financiación pública. Por esta razón, especialistas y organizaciones hacen un llamado urgente a fortalecer el civismo fiscal y a mantener una vigilancia estricta sobre el destino de los recursos del Estado.

El verdadero costo de las garantías constitucionales

Los derechos ciudadanos no operan por sí solos. Desde la operación de los tribunales de justicia y la movilización de cuerpos de emergencia para combatir incendios, hasta el despliegue de fuerzas de seguridad o la construcción de infraestructura accesible para personas con discapacidad, cada acción gubernamental implica un costo operativo considerable.

A finales del siglo pasado, los académicos Stephen Holmes y Cass Sunstein argumentaron que no basta con plasmar los derechos en la Constitución. Para hacerlos exigibles, es indispensable contar con los recursos humanos, financieros y materiales adecuados.

Bajo esta perspectiva, únicamente un sistema de recaudación eficiente, sustentado en una gestión transparente de los fondos públicos, permite que las contribuciones de la sociedad se traduzcan en libertades reales. Para Holmes y Sunstein, financiar los derechos fundamentales a partir de los impuestos los convierte en auténticos bienes públicos. Esto significa que todas las prerrogativas exigen una acción intencionada por parte del Estado, pero también una ciudadanía activa y comprometida con exigir su cumplimiento.

La desconexión social frente al sistema tributario en México

En el contexto mexicano existe un profundo abismo entre las garantías establecidas en la Carta Magna y su aplicación en la vida diaria. Aunque se reconocen formalmente el derecho a la salud, a una existencia libre de violencia, a la igualdad y a un entorno ecológico sano, no toda la población los ejerce en igualdad de condiciones.

A esta desigualdad se suma un marcado desconocimiento sobre el funcionamiento del sistema tributario y las obligaciones que este conlleva. Organismos como México Evalúa insisten en la urgencia de promover la pedagogía pública y la investigación basada en datos para fomentar un activismo ciudadano responsable.

A través de iniciativas enfocadas en el análisis fiscal, diversas agrupaciones de la academia, la sociedad civil y el sector empresarial buscan examinar el uso de los impuestos y su impacto directo en el bienestar social. Para lograrlo, los especialistas identifican cuatro desafíos estructurales:

• Estancamiento económico: La economía nacional atraviesa un periodo de bajo crecimiento debido a la reducida inversión pública, la baja productividad y un clima de incertidumbre para la iniciativa privada. Aunque las principales calificadoras internacionales mantienen el grado de inversión del país, advierten sobre un posible deterioro si las finanzas públicas continúan debilitándose tras ocho años sin crecimiento sostenido.
• Desalineación del gasto público: El presupuesto asignado no responde de manera eficiente a las necesidades básicas de la población. En los últimos siete años, el sistema educativo perdió 1.6 millones de estudiantes entre 2018 y 2025, lo que se tradujo en una pérdida de dos años de escolaridad efectiva. En paralelo, a pesar de que el gasto destinado a personas sin seguridad social aumentó, el universo de ciudadanos sin acceso a servicios médicos creció de 20 millones a 44.5 millones al cierre de 2024.
• Restricción presupuestaria: Aproximadamente el 61% del presupuesto federal se encuentra comprometido en obligaciones fijas como el pago de pensiones, transferencias, subsidios y el costo financiero de la deuda. Esto deja un margen operativo mínimo para implementar políticas públicas prioritarias.
• Presiones sobre el sector formal: Si bien el incremento al salario mínimo atendió una deuda histórica con la clase trabajadora, los nuevos compromisos gubernamentales —como la propuesta de un sistema de salud universal sin financiamiento adicional, el aumento en las pensiones y la creciente inseguridad— imponen una presión severa sobre la formalidad económica.

Hacia una participación ciudadana informada

Frente a este panorama, la acción colectiva resulta impostergable. Comprender el funcionamiento del sistema fiscal y reconocer los derechos como contribuyentes constituye el primer paso hacia una transformación profunda.

El segundo paso radica en monitorear de cerca el destino del dinero público y proponer un ejercicio presupuestario eficiente que contribuya a cerrar las brechas de desigualdad. Solo de esta manera los derechos fundamentales dejarán de ser una promesa en el papel para convertirse en una realidad cotidiana para toda la sociedad.