Implementación de la fractura hidráulica en México tomará varios años por falta de análisis previos

La puesta en marcha de proyectos vinculados a la fractura hidráulica en territorio nacional podría demorar al menos dos o tres años antes de concretarse formalmente. Esta pausa operativa responde a la necesidad imperiosa de ejecutar evaluaciones técnicas sobre la disponibilidad hídrica, realizar campañas exploratorias en los yacimientos, certificar su rentabilidad financiera y estructurar todo el andamiaje regulatorio requerido, de acuerdo con Leticia Merino, integrante del Comité Científico sobre Soberanía Energética y Yacimientos de Gas Natural No Convencional.

Uno de los ejes prioritarios en esta fase inicial consistirá en identificar la disponibilidad de agua salobre en aquellas demarcaciones donde eventualmente se proyecte implementar esta técnica de extracción. Asimismo, las autoridades y especialistas deberán garantizar que dichos mantos subterráneos operen de manera totalmente aislada respecto de las reservas hídricas destinadas al abastecimiento humano y a las labores agrícolas.

Cronograma y deliberaciones gubernamentales

Durante las mesas de trabajo sostenidas con la administración federal para examinar la viabilidad integral de los yacimientos no convencionales, la experta enfatizó la complejidad temporal del proceso. “Yo creo que esto llevaría por lo menos otros dos o tres años, se tiene que regular”, afirmó Merino al detallar el horizonte necesario para ordenar jurídicamente la actividad.

Los diagnósticos científicos sobre el agua podrían arrancar hacia finales del presente año o principios del próximo, abarcando de forma exhaustiva los diferentes puntos que conforman las cuencas bajo consideración. Superada esta etapa, la industria energética nacional requerirá intensificar las labores de exploración para pasar de meros recursos prospectivos a hidrocarburos verdaderamente explotables, comprobando ante todo la viabilidad económica bajo los lineamientos que fije el Estado.

Nuevos marcos regulatorios y exclusión de zonas

En el plano normativo, las previsiones apuntan a la emisión de dos decretos fundamentales durante los próximos meses. El primero de ellos ratificará la exclusión de la técnica en la cuenca Tampico-Misantla, mientras que el segundo instrumentará candados específicos en materia hídrica, complementando las reglas operativas que ya se encuentran en proceso de redacción.

La decisión de marginar a Tampico-Misantla obedeció a consideraciones socioeconómicas y demográficas, destacando la presencia de núcleos poblacionales rurales densos, condiciones de vulnerabilidad social y una fuerte dependencia económica de sectores como la agricultura y el turismo. Por el contrario, las regiones del norte del país muestran una menor concentración poblacional en las zonas susceptibles de aprovechamiento, aunque la comunidad científica advierte que persisten riesgos latentes de afectación ambiental.

Finalmente, persiste la incógnita sobre el modelo operativo bajo el cual se estructurarían los futuros proyectos, sin descartar esquemas de cooperación o contratos mixtos con participación privada. Esta disyuntiva cobra especial relevancia ante los retos presupuestarios y tecnológicos que Pemex enfrentaría si pretendiera asumir en solitario la totalidad de estas operaciones.