Alcalde de Paraíso rompe el silencio y confirma indagatoria de la FGR por seis delitos
Derivado de las acciones implementadas recientemente en el estado de Tabasco bajo el denominado operativo Enjambre, las autoridades federales han centrado su atención en la administración municipal de Paraíso. El presidente municipal, Alfonso Baca Sevilla, reconoció públicamente que enfrenta una indagatoria ministerial por seis delitos graves, los cuales incluyen ilícitos relacionados con energéticos y armamento.
Las acciones ministeriales han derivado hasta el momento en la detención de ocho personas, entre colaboradores cercanos y otros implicados. Ante este panorama, el edil reapareció públicamente mediante una videograbación transmitida durante una conferencia de prensa organizada por Movimiento Ciudadano, espacio en el cual rechazó categóricamente haber escapado para evadir la acción de la justicia.
Detalles de la investigación federal y defensa legal
El munícipe explicó que desde el martes 18 de agosto se trasladó a la capital del país bajo el argumento de atender pendientes laborales y asuntos de carácter personal. Asimismo, indicó que mantiene la realización de gestiones administrativas vinculadas a su encomienda pública, sin precisar su ubicación exacta en territorio nacional.
Para hacer frente a las acusaciones, el edil informó además que contrató a un abogado penalista con el propósito de examinar a fondo los expedientes abiertos tanto en su contra como de sus colaboradores, estructurando de este modo una estrategia jurídica defensiva.
De acuerdo con la información proporcionada por el propio servidor público, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió la carpeta FEDTABVHS/00749/2026, en la cual se le atribuyen los siguientes señalamientos:
- Uso ilícito de atribuciones y facultades
- Tortura
- Portación de arma de fuego sin licencia
- Portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas
- Posesión ilícita de hidrocarburos
- Posesión de narcóticos
Frente a estos señalamientos, el político rechazó de manera absoluta su participación en dichas conductas y aseguró que comprobará su total inocencia ante los tribunales correspondientes.
Señalamientos sobre irregularidades y persecución política
Durante su intervención, el presidente municipal cuestionó severamente la legalidad de los cateos ejecutados en el municipio de Paraíso. Argumentó que los mandamientos judiciales presentaban diversas anomalías, destacando la ausencia de datos precisos sobre los inmuebles inspeccionados, los nombres de las personas requeridas y la identificación del personal facultado para intervenir en las diligencias.
De igual forma, el alcalde calificó el despliegue ministerial como un acto con motivaciones electorales y mediáticas destinado a perjudicar su reputación y la de otros actores políticos implicados, denunciando una presunta persecución institucional.
“Me encuentro tranquilo de conciencia y actitud”, afirmó al reiterar su disposición de cooperar con el marco legal una vez que concluya sus actividades fuera del estado.
Respaldo partidista y postura institucional
Durante el evento de Movimiento Ciudadano, que contó con la presencia de legisladores y los alcaldes de Tacotalpa y Emiliano Zapata, el diputado local Pedro Palomeque Calzada manifestó el respaldo absoluto de la dirigencia partidista hacia el presidente municipal y los demás afectados por las indagatorias.
El legislador hizo un llamado enérgico para respetar el principio constitucional de presunción de inocencia, garantizando condiciones equitativas para que los involucrados ejerzan su derecho de réplica y defensa legal ante los tribunales.
Palomeque reiteró que las acciones llevadas a cabo el pasado 19 de agosto poseen, desde la perspectiva del instituto político, tintes políticos orientados a menoscabar la imagen pública de los funcionarios locales, por lo que exigió a la FGR conducirse con absoluta imparcialidad y estricto apego a derecho.
Por su parte, Baca Sevilla aseguró que regresará al Ayuntamiento una vez finalizados sus compromisos en la Ciudad de México, con la finalidad de hacer frente a los procedimientos legales establecidos.
