Contraloría investiga a Sencia, firma del Grupo Aval, por el estado de la cancha en El Campín

Contraloría investiga a Sencia, firma del Grupo Aval, por el estado de la cancha en El Campín

Las autoridades de control fiscal en la capital colombiana pusieron la lupa sobre la operación del principal escenario deportivo del país. La firma Sencia, empresa encargada de la administración del estadio y vinculada al conglomerado financiero de Luis Carlos Sarmiento Angulo a través de Corficolombiana, enfrenta un proceso de revisión por parte de la Contraloría de Bogotá debido a las deficientes condiciones en las que se encuentra el terreno de juego y las dudas sobre el cumplimiento de las normativas estipuladas en el contrato.

El objetivo principal del organismo fiscalizador es determinar si las anomalías reportadas en el césped y la gestión operativa del recinto han generado algún tipo de perjuicio para el erario. Esta decisión se adopta tras una serie de fuertes cuestionamientos públicos que obligaron a modificar el calendario deportivo, incluida la cancelación del encuentro que debían disputar los equipos Millonarios y Once Caldas el pasado 13 de octubre de 2026, una medida adoptada por la Dimayor para precautelar la integridad física de los deportistas ante el mal estado del campo.

Ejes centrales de la indagación preliminar

De acuerdo con la información oficial emitida por el ente de control, la averiguación busca esclarecer si las labores de conservación de la gramilla y la ejecución general del contrato de concesión han puesto en riesgo el patrimonio del Distrito. Las pesquisas se centran en verificar minuciosamente el cumplimiento del contrato de concesión No. IDRD-CTO-2772-2024, prestando especial atención a la disponibilidad del recinto para albergar competiciones y a las responsabilidades financieras ligadas a la recuperación o sustitución del terreno verde.

Asimismo, la lupa recae sobre las actuaciones del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) y de la instancia encargada de la supervisión mediante el contrato de interventoría No. IDRD-SG-3959-2024. Se evaluará si los mecanismos de vigilancia institucional fueron los adecuados frente a los problemas evidenciados en la cancha y si los desembolsos de fondos públicos se justificaron de manera correcta. Otro aspecto relevante será la estimación de las pérdidas económicas derivadas de la inoperatividad temporal del coliseo, lo que comprende la suspensión de eventos, posibles demandas o contingencias que impacten las cuentas públicas. No obstante, las autoridades recordaron que esta fase indagatoria no constituye todavía un fallo definitivo sobre responsabilidad fiscal o detrimento patrimonial.

El rol de Sencia y el megaproyecto de modernización

El escenario vuelve a situar en el centro del debate a la compañía responsable de ejecutar la gran transformación arquitectónica del complejo deportivo. A inicios del año 2026, Corficolombiana concretó la compra del 51% de las acciones de Sencia, otorgando al grupo empresarial una posición dominante dentro de la concesión.

El megaproyecto, concebido bajo un plazo de 29 años, contempla una inyección de capital estimada en COP$2,4 billones. La iniciativa promete levantar un nuevo escenario con aforo para 60.000 espectadores, además de incorporar infraestructura hotelera, áreas comerciales, zonas corporativas y un auditorio especializado para la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Pese a la magnitud de los recursos comprometidos, diversos sectores han advertido sobre retrasos acumulados en el cronograma de obras previsto para la zona.

Una auditoría integral al modelo de asociación

Las indagaciones del organismo fiscalizador no se limitarán exclusivamente al estado de la superficie de juego. La entidad anunció el desarrollo de una auditoría exhaustiva de cumplimiento centrada en el esquema de Asociación Público-Privada (APP) que rige el recinto y en la actuación administrativa del IDRD.

Este examen detallado abarcará desde los estudios de viabilidad iniciales hasta la actual etapa de construcción, evaluando la sostenibilidad financiera del modelo, las contraprestaciones económicas fijadas para el Distrito y los ingresos generados por espectáculos masivos, como conciertos. El propósito final es garantizar que las cláusulas contractuales salvaguarden de manera efectiva los intereses financieros de la ciudad y determinen las responsabilidades pertinentes frente a la crisis del césped.

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