Imponen cuotas a la fresa mexicana en Estados Unidos y el gobierno acusa falta de sustento legal

Las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos enfrentan un nuevo desafío luego de que el Departamento de Comercio estadounidense emitiera un fallo preliminar que señala a los agricultores nacionales por supuestas prácticas comerciales desleales en los envíos de frutos rojos durante los meses fríos.

Márgenes estimados y desacuerdo oficial

De acuerdo con la dependencia norteamericana, los cálculos preliminares establecen cargos económicos adicionales que oscilan entre el 3.37 y el 5.28 por ciento, dependiendo de la compañía exportadora involucrada, mientras que para la gran mayoría de los productores se fijó una tasación general de 4.83 por ciento.

Ante esta medida, la administración federal mexicana expresó su rechazo total y descalificó los argumentos utilizados por la contraparte, al señalar que se adoptaron criterios ambiguos e injustificados sobre la llamada fruta de temporada fría y la existencia de un supuesto nicho regional en territorio estadounidense, conceptos que previamente habían sido descartados por la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos.

Origen del conflicto comercial

El litigio dio inicio formal a finales de diciembre de 2025, cuando gremios agrícolas radicados en Florida solicitaron la aplicación de tarifas punitivas bajo la premisa de que las mercancías ingresadas en temporada invernal constituían una categoría comercial totalmente distinta y que dominaban de forma desproporcionada ciertos estados del este norteamericano.

No obstante, meses más tarde, la propia Comisión de Comercio Internacional concluyó tras sus primeras indagatorias que no existían elementos técnicos para clasificar al fruto como un producto diferenciado ni para reconocer un mercado regional aislado, determinando que el análisis debía circunscribirse estrictamente al ámbito nacional.

Pese a este criterio técnico, el Departamento de Comercio decidió mantener dichos parámetros en su veredicto preliminar, una decisión que, según la Secretaría de Economía, vulnera frontalmente los lineamientos establecidos en el Acuerdo Antidumping de la Organización Mundial del Comercio y contraviene diversos apartados vigentes en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.

Impacto en el sector agrícola y los pequeños productores

Las repercusiones de esta disputa comercial podrían golpear severamente la economía rural, debido a que aproximadamente 5 mil productores dependen de esta actividad en el país. El 97 por ciento de estas unidades productivas opera en superficies iguales o menores a 10 hectáreas, lo que las vuelve sumamente vulnerables ante cualquier carga financiera adicional.

Asimismo, toda la cadena logística y de cultivo sostiene una fuerza laboral estimada en 151 mil puestos de trabajo, sumando empleos permanentes y de carácter estacional que ahora ven su estabilidad amenazada por el panorama arancelario.

Cabe destacar que durante el año pasado, las ventas al exterior hacia el país vecino alcanzaron las 263 mil toneladas, generando una derrama económica cercana a los mil millones de dólares, cifras que confirman la enorme dependencia y relevancia estratégica de este mercado para el campo mexicano.

Frente a este escenario, las autoridades federales anunciaron que mantendrán un acompañamiento permanente junto con el sector privado durante las siguientes fases del proceso legal, el cual concluirá formalmente cuando la Comisión de Comercio Internacional emita su veredicto definitivo a comienzos de 2027.

Especialistas y funcionarios han advertido que este procedimiento no solo pone en riesgo inmediato al sector frutícola actual, sino que podría convertirse en un peligroso precedente para que otros gremios agrarios estadounidenses promuevan restricciones similares contra el resto de la oferta hortofrutícola nacional.

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