México llegó en noviembre a la cifra de 107 mil 295 personas desaparecidas. Fue Sonja Perkic, de la Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación, quien reconoció que este fenómeno requiere una atención integral por parte de todas las instituciones del Estado y de las entidades federativas.
En el “Encuentro Nacional de Comisiones Estatales de Atención a Víctimas y Centros de Atención Integral de la CEAV”, la funcionaria dijo que la mayoría de las personas desaparecidas en el país son hombres, pero al observar la cifra en menores de 18 años, ésta se revierte niñas y mujeres.
El acto, que se realizó a puerta cerrada en el Complejo Cultura Los Pinos, estuvo encabezado por el subsecretario Alejandro Encinas Rodríguez, quien pidió a todos los involucrados con la atención a víctimas de violencia de los gobiernos locales e instituciones de todos los niveles, “quitarnos de la cabeza” que todo lo debe hacer la Federación, específicamente la CEAV.
En este punto, Encinas dijo que corresponde a las instituciones asumir su responsabilidad, como también en el caso de los estados y municipios, a las distintas instituciones locales quienes deben asumir la responsabilidad que les corresponde.
“Aquí tenemos que despojarnos de este celo institucional, a veces celos partidarios por el origen de los gobiernos porque las víctimas no se merecen eso, y si queremos fortalecer para enfrentar y revertir esta situación tenemos que poner en el centro de atención a la víctimas”, manifestó.
En su oportunidad, María Fabiola Alanís Sámano, comisionada nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujeres, dijo que uno de los principales retos es que se presenten denuncias, pues solo el 10 por ciento de las personas que viven algún tipo de violencia se acercan a las instituciones a pedir apoyo.
En tanto, el director de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos de la Segob, Felix Aldana, comentó que por primera vez se realizó un diagnóstico sobre la tortura sexual que sufren las mujeres, en respuesta a una sentencia de la Corte Interamericana de Justicia sobre el caso de San Salvador Atenco, la cual arrojó “datos terribles”, pues ocho de cada 10 personas de ese sector que tienen conflicto con la ley han enfrentado este flagelo.
“Y si uno revisa, esta cifra aumenta significativamente, porque se ha normalizado tanto la violencia que prácticamente la dejamos de ver”, expresó.
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