Vulnerabilidad patrimonial en México: apenas una minoría protege su hogar por decisión propia

El panorama actual de la protección inmobiliaria

Adquirir un bien inmueble representa una de las metas financieras más importantes para las familias mexicanas. Sin embargo, tras concretar la compra o la construcción, la gran mayoría de los propietarios omite salvaguardar su patrimonio frente a imprevistos tan destructivos como incendios, sismos o inundaciones. De acuerdo con estadísticas de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), en México solo 26% de las viviendas cuenta con algún tipo de póliza de protección, lo que equivale a decir que únicamente una de cada cuatro casas está resguardada.

Esta baja penetración adquiere matices aún más reveladores al analizar el origen de dichas pólizas. Los datos señalan que únicamente 6.5% corresponde a seguros adquiridos por decisión voluntaria de los dueños. La inmensa mayoría de las casas aseguradas lo está debido a un requisito indispensable: la contratación previa de un crédito hipotecario. Reportes del sector asegurador indican que la protección vinculada a una hipoteca abarca cerca del 18% del total nacional.

Amenazas naturales y disparidad regional

La escasa cultura de aseguramiento contrasta fuertemente con la alta vulnerabilidad geográfica del territorio mexicano ante desastres ambientales. Según información del Atlas Nacional de Riesgos, 66% de las entidades mexicanas se encuentra en riesgo alto o muy alto de inundaciones, 34% está expuesto a sismos, 31% a sequías y 25% enfrenta afectaciones derivadas de ondas de calor extremo.

Resulta especialmente llamativo el caso de la Ciudad de México. A pesar de la profunda huella que dejaron los devastadores terremotos de 1985 y 2017, solo 17.4% de sus viviendas dispone de un seguro vigente. En contraste, estados como Nuevo León alcanzan una penetración de 70.2%, Quintana Roo registra 55.3% y Coahuila llega a 43.1%. En el extremo opuesto figuran entidades como Oaxaca con 6.5%, Chiapas con 8% y Guerrero con 11.6%.

Mitos, costos y cobertura real de las pólizas

El desinterés generalizado suele alimentarse de la creencia de que estos productos financieros son sumamente costosos o complejos. La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera revela que 76.5% de las personas adultas carece de cualquier clase de protección aseguradora. Entre las razones principales destacan que 33.7% cree que no lo necesita, 24% argumenta falta de dinero o ingresos variables, 15.4% los considera caros y 12.8% desconoce su funcionamiento o los canales para contratarlos.

No obstante, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) recuerda que un seguro de hogar puede cubrir incendios, explosiones, terremotos, erupciones volcánicas, inundaciones, huracanes, robo, rotura de cristales y daños a terceros. Asimismo, ciertas pólizas contemplan asistencias como plomería, reparaciones eléctricas, retiro de escombros o el pago provisional de un alojamiento alternativo.

Aun con estas ventajas, las instituciones financieras advierten que pueden existir exclusiones para asentamientos, hundimientos, deslaves, agrietamientos y filtraciones de aguas subterráneas, por lo que resulta fundamental leer detalladamente los contratos y declarar el valor real de la propiedad.

El impacto financiero de un siniestro

Los incidentes cotidianos y los desastres naturales pueden borrar en cuestión de minutos el esfuerzo de décadas. Las estadísticas del sector muestran que los incendios representaron 43% de los siniestros reportados en viviendas durante los últimos cuatro años. Solamente en un año reciente, las compañías del ramo pagaron cifras millonarias por afectaciones habitacionales, donde una parte considerable correspondió específicamente a siniestros por fuego.

La diferencia económica entre contar con respaldo financiero y carecer de él es drástica. De acuerdo con estimaciones de la industria aseguradora, una familia que cuenta con un seguro puede estabilizar su situación y recuperarse tras un desastre en un plazo de dos a tres años, mientras que aquellos hogares sin protección pueden demorar hasta una década en superar el bache financiero.

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