Crisis por el incremento de usurpaciones de bienes raíces
La alta densidad habitacional y la plusvalía del mercado de bienes raíces han convertido a la zona metropolitana del centro del país en el principal foco de invasiones y apropiaciones ilegales a nivel nacional. La concentración de habitantes y la actividad económica del sector propician un escenario de vulnerabilidad para los propietarios.
De acuerdo con cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la capital del país y su entidad vecina concentran el 29.3 por ciento de los 17 mil 912 casos de este ilícito reportados durante el primer semestre del año en todo el territorio mexicano.
El especialista inmobiliario y socio director de Saucedo Abogados, Miguel Antonio Saucedo Ramírez, señaló que este ilícito muestra una tendencia al alza constante. «Ese tipo de delito se ha incrementado y mucho. Si hablamos que hoy por hoy se realizan alrededor de 4 mil denuncias, de las cuales por lo menos el 60 por ciento, sí son despojo efectivo, estamos llegando a 2 mil 400 denuncias por año, lo cual es escandaloso para una ciudad como la capital», advirtió.
El experto subrayó que el aspecto más crítico de la problemática radica en la impunidad y la lentitud institucional, ya que apenas el 6 por ciento de las carpetas de investigación llegan a resolverse de manera favorable, obstaculizadas por la falta de recursos económicos de los afectados, la burocracia y la inacción de las instancias procuradoras de justicia.
Modus operandi y zonas con mayor incidencia delictiva
Los especialistas advierten que la usurpación de viviendas funciona frecuentemente como el paso inicial para esquemas de fraude más complejos. Al respecto, Miguel Antonio Saucedo Ramírez detalló: “El despojo es el primer acto para después cometer un fraude inmobiliario que quien primero tomó posesión con documentos apócrifos, luego busca la forma de intentar ‘legalizarlos’ con falsificaciones, alteraciones, datos falsos, suplantaciones de personas, hasta obtener una resolución de algún juez”.
Además de la falsificación documental, los perpetradores suelen recurrir a la intimidación, el uso de la fuerza y la violencia para desplazar a los legítimos dueños. En el desglose estadístico acumulado en los primeros siete meses del periodo anual, el Estado de México encabeza la lista con 2 mil 841 casos, seguido por la Ciudad de México con 2 mil 409, Guanajuato con mil 72, Puebla con 960 y Veracruz con 900 expedientes.
Frente a esta coyuntura, la administración capitalina implementó recientemente una estrategia integral orientada a proteger el patrimonio familiar, impulsando modificaciones al Código Penal local para endurecer las sanciones con penas de hasta 22 años de prisión a los infractores. Asimismo, se formó una célula especializada y, según datos de la fiscal general de justicia, Bertha Alcalde Luján, durante el presente año se han asegurado 265 inmuebles, restituyendo 196 propiedades a sus titulares y logrando la captura de 94 personas en flagrancia.
No obstante, la problemática se extiende con fuerza hacia municipios mexiquenses como Tecámac, Ecatepec, Texcoco y Nezahualcóyotl, donde bandas organizadas han llegado a apropiarse de conjuntos habitacionales completos a punto de ser comercializados.
Vulnerabilidad jurídica y recomendaciones preventivas
Uno de los factores que agrava la situación es la falta de cultura preventiva entre la ciudadanía. La ausencia de actualización jurídica y el descuido en la inscripción ante el Registro Público de la Propiedad (RPP) facilitan el actuar de la delincuencia. Según cifras de la plataforma Kallify, el 14 por ciento de las viviendas habitadas en la nación podrían encontrarse invadidas o atrapadas en litigios sucesorios sin seguridad jurídica plena.
Para mitigar los riesgos, los expertos sugieren mantener al día la documentación legal, activar los sistemas de alerta registral, resguardar títulos originales en sitios seguros y realizar inspecciones periódicas en inmuebles deshabitados, además de actuar con rapidez jurídica ante cualquier indicio de usurpación.
