Una medida de presión ante el agotamiento del sector
El gremio del autotransporte de carga ha convocado formalmente a un paro nacional indefinido a partir del próximo lunes 26 de octubre, tras agotar las instancias de diálogo con las diversas instancias gubernamentales. La decisión responde a la falta de respuestas concretas frente a una crisis integral que abarca desde la inseguridad en las rutas hasta cargas fiscales y regulatorias insostenibles para las empresas.
Augusto Ramos Melo, representante de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), señaló que esta determinación marca un punto de inflexión para una industria fundamental en el engranaje económico nacional. Recordó que el sector mantuvo sus operaciones incluso en momentos críticos como la emergencia sanitaria y diversos desastres naturales, pero advirtió que la situación actual ha rebasado los márgenes operativos tolerables.
“México no aguanta más. Vamos a un paro nacional”, declaró el dirigente al recalcar que los operadores y empresarios ya no pueden absorber de manera indefinida los riesgos y costos extraordinarios que implica transitar por las vías de comunicación del país.
La seguridad vial y el impacto en las cadenas productivas
Dentro de los principales reclamos figuran el asalto a unidades y mercancías, las extorsiones sistemáticas, el cobro de piso y las revisiones consideradas arbitrarias, a lo que se suma el mal estado generalizado de las autopistas a pesar de las tarifas de peaje vigentes. Los líderes gremiales enfatizaron que la pérdida de un vehículo representa un daño financiero severo para las compañías, muchas de las cuales carecen de mecanismos de compensación eficaces.
Ante este panorama, la industria exige un replanteamiento profundo en la estrategia de seguridad pública que involucre de manera coordinada a los tres niveles de gobierno para frenar la delincuencia organizada y las extorsiones cotidianas.
“No podemos normalizar la inseguridad, no podemos normalizar las extorsiones, no podemos normalizar los costos crecientes”, manifestó Ramos Melo al destacar la vulnerabilidad de los operadores que recorren diariamente las rutas nacionales.
Las consecuencias de una inmovilización total del transporte tendrían repercusiones severas en la cadena de suministro. Las estimaciones del sector apuntan a que se dejarían de mover diariamente 2.6 millones de toneladas de mercancías destinadas a sectores clave como el automotriz, agrícola, minero, químico y de consumo general, además de impactar el comercio internacional.
En la frontera norte se prevé la paralización de cerca de 21 mil cruces diarios, cifra equivalente a transacciones por mil 800 millones de dólares. Adicionalmente, el cese de actividades afectaría el movimiento de 370 mil toneladas diarias en puertos marítimos y mil 600 toneladas en terminales aéreas. Las organizaciones calculan que una semana de inactividad podría incrementar hasta en 160 pesos el costo de la canasta básica.
“Si el transporte se detiene, la economía de México se detiene y esto cruza fronteras”, advirtió el presidente de la Cámara.
Exigencias fiscales y un llamado directo al Ejecutivo
Además de la seguridad, el gremio externó su preocupación por las modificaciones en los estímulos fiscales aplicables al uso de infraestructura carretera. Se ha solicitado al Poder Legislativo una actualización en los topes de ingresos anuales para que más transportistas puedan acceder a dichos beneficios, argumentando que no se trata de privilegios, sino de esquemas indispensables para la supervivencia de las empresas y la conservación de fuentes laborales.
“Una decisión de carácter fiscal no se queda en un escritorio”, puntualizó el dirigente, al alertar sobre el efecto directo que los tributos tienen sobre los gastos operativos y el precio final de los productos.
Frente a este escenario crítico, la dirigencia extendió una solicitud directa a la presidenta Claudia Sheinbaum para que intervenga en la resolución del conflicto. Los transportistas reiteraron su respaldo a las políticas de desarrollo e inversión del gobierno federal, presentándose como aliados estratégicos, pero insistieron en la urgencia de atender las problemáticas del gremio.
“Presidenta, nosotros apoyamos su proyecto de país, apoyamos el Plan México y apoyamos sus iniciativas para impulsar inversión, desarrollo y empleo. Somos sus aliados”, expresó.
Por su parte, representantes de organizaciones como HAMOTAC, FEMATRAC e INDECO advirtieron que los pequeños transportistas y operadores independientes experimentan una contracción cercana al 10 por ciento en el movimiento de sus flotas debido a la falta de liquidez. Los líderes reiteraron que el paro aún puede evitarse si las autoridades presentan soluciones tangibles antes de la fecha límite, previniendo así un daño generalizado a la economía nacional y al consumidor final.
