Condena ejemplar por el delito de trata de personas en Jalisco
Un tribunal con sede en el estado de Jalisco ha dictado una sentencia condenatoria de 10 años de prisión en contra de una mujer y dos elementos activos de la policía municipal, tras comprobar fehacientemente su participación en actividades de trata de personas enfocadas en la captación y el traslado de víctimas para someterlas a trabajos forzados bajo las órdenes del crimen organizado.
La resolución judicial se deriva de los hechos ocurridos el 26 de mayo de 2025 en las instalaciones de la Nueva Central Camionera, ubicada en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. En dicho operativo táctico, llevado a cabo por la Policía Estatal, se logró el rescate sano y salvo de dos muchachos procedentes de Michoacán que habían aceptado una supuesta oferta laboral difundida a través de plataformas digitales.
El anzuelo digital y la complicidad oficial en la terminal
Las investigaciones detallan que los afectados fueron citados en la terminal de autobuses por una mujer identificada como Andrea Monserrat “N”, quien les prometió un atractivo ingreso económico de 5 mil pesos semanales. La estructura delictiva contemplaba que, una vez reunidos en el punto de encuentro, la sospechosa entregaría a los recién llegados a dos oficiales en activo de la corporación municipal de San Cristóbal de la Barranca, quienes ya los aguardaban en un módulo de la central.
La oportuna intervención de ciudadanos que notaron conductas sospechosas permitió alertar a los elementos de seguridad estatal que patrullaban la zona. Al aproximarse al sitio, los agentes cuestionaron a la mujer, quien mostró un evidente nerviosismo. Tras una revisión preventiva y el diálogo con las víctimas, se constató que la involucrada operaba como reclutadora, percibiendo una ganancia ilícita de 3 mil pesos por cada joven entregado a la red criminal.
La participación de los uniformados y la red de adiestramiento
Durante la intervención en la central camionera, las autoridades estatales interrogaron a los policías municipales Marvin Alexis “N” y Ernesto “N”. Los oficiales se encontraban laborando fuera de su jurisdicción territorial, pero portaban sus uniformes reglamentarios, sus armas de cargo y utilizaban la patrulla oficial identificada con el número económico SC-04, adscrita a la Comisaría Municipal de Seguridad Pública de San Cristóbal de la Barranca.
Los uniformados admitieron ante las autoridades que cumplían instrucciones directas de un miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para recoger a los jóvenes y trasladarlos hacia una zona serrana cercana al río Santiago. En ese paraje operaba un campamento clandestino destinado al adiestramiento de nuevos elementos antes de integrarlos a otras células operativas. Por esta labor de transporte, los policías recibirían una comisión de mil pesos por cada individuo entregado.
Como parte de sus argumentos defensivos previos a la detención, los policías intentaron evadir la acción de la justicia alegando que los jóvenes eran familiares de la entonces alcaldesa de la demarcación, Karina Guzmán Cardona, y que únicamente acataban órdenes institucionales. Sin embargo, la propia presidenta municipal desmintió categóricamente dicha versión mediante un comunicado oficial en el que exigió que se aplicara todo el peso de la ley contra los elementos involucrados en los delitos de carácter federal.
Sanciones económicas y contexto de las investigaciones
Además de la pena privativa de la libertad fijada en 10 años de cárcel, el juzgador impuso a los tres sentenciados una multa económica equivalente a 226 mil 280 pesos, mientras que el concepto correspondiente a la reparación integral del daño físico y psicológico causado a las víctimas se definirá formalmente durante la fase de ejecución de la sentencia.
En su momento, las autoridades ministeriales del estado señalaron que el destino final de estos reclutas habría sido el vecino estado de Zacatecas, lo que encendió las alertas sobre las rutas de operación de las redes de desaparición y enganche en la región occidente del país. Cabe destacar que entre los rescatados se encontraba un menor de edad, quien recibió atención especializada por parte de instituciones de protección a la infancia antes de ser restituido de manera segura con sus familiares en su lugar de origen.
