Modificaciones clave en la Ley del ISR
El pleno del Senado de la República determinó devolver a la Cámara de Diputados la minuta correspondiente a la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), luego de dar luz verde a una reserva crucial que modifica el tratamiento fiscal para sectores específicos de la economía nacional de cara al ejercicio fiscal de 2027.
Durante la sesión legislativa celebrada el martes 27 de octubre, los legisladores aprobaron incorporar una excepción destinada a proteger a la industria automotriz y de autopartes. Esta modificación libera a la producción del sector de la limitación en la deducción de gastos que originalmente se aplicaría a las compañías con ingresos acumulables superiores a 50 millones de pesos.
La iniciativa de cambio fue promovida por Emmanuel Reyes Carmona, quien preside la Comisión de Economía. El funcionario argumentó ante el pleno que la aplicación de las normas tributarias debe reconocer las particularidades económicas de cada rama industrial, defendiendo que la equidad fiscal no implica someter a idénticas reglas a actividades productivas fundamentalmente distintas.
El objetivo central de este ajuste consiste en otorgar certeza jurídica, mitigar impactos negativos para el sector automotriz y de autopartes, y salvaguardar los flujos de inversión extranjera y nacional en esta rama manufacturera. Asimismo, se integró una provisión similar para las empresas dedicadas al expendio al público, distribución y comercialización de gasolinas y diésel que dispongan de los permisos gubernamentales vigentes.
Sobre este último sector, los legisladores señalaron que se trata de una actividad sujeta a estrictos controles volumétricos, obligaciones de fiscalización constante y supervisión permanente por parte de las autoridades, además de lidiar con una estructura financiera caracterizada por elevados costos operativos frente a sus márgenes de ingresos.
Aprobación de la Ley de Derechos y su impacto en trámites
En la misma jornada legislativa, el bloque oficialista avaló sin modificaciones la Ley de Derechos, instrumento que contempla incrementos en los montos exigidos por el Estado para la prestación de diversos trámites administrativos y servicios públicos.
Entre las actualizaciones aprobadas destacan las tarifas por el aprovechamiento de bienes sujetos al dominio público de la nación, tales como las cuotas aplicables a visitantes extranjeros que realizan actividades remuneradas en el territorio nacional. De igual manera, se incrementaron los costos en los servicios de certificación en materia zoosanitaria, fitosanitaria y de sanidad acuícola, así como los derechos correspondientes al uso y explotación comercial de las bandas de frecuencia de 600 y 700 MHz.
Estas disposiciones generaron posturas encontradas entre las distintas fuerzas políticas representadas en la cámara alta. Claudia Anaya, senadora integrante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), lanzó severas críticas contra la estrategia fiscal diseñada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
“Quiera recaudar mediante la ley de derechos”, advirtió la legisladora priista, al tiempo que denunció que los ajustes al alza alcanzarán también a los procedimientos sanitarios. «Vamos a encarecer la salud”, sentenció desde la tribuna parlamentaria.
Cuestionan nivel de endeudamiento en la Ley de Ingresos
Por otro lado, la Ley de Ingresos recibió luz verde en el pleno sin cambios sustanciales, consolidando el paquete económico para el periodo proyectado. Sin embargo, el dictamen concentró los reclamos de los partidos de oposición debido a las proyecciones financieras y al volumen de compromisos crediticios adquiridos por el Estado.
Los legisladores inconformes recalcaron la gravedad de mantener un nivel de pasivos que contempla un endeudamiento propuesto de hasta 1.7 billones de pesos para el año en curso, lo que comprometería la estabilidad de las finanzas públicas a mediano plazo.
En su intervención en la tribuna, el senador panista Antonio Martín del Campo externó su preocupación por el peso que tendrán las obligaciones financieras dentro del gasto gubernamental proyectado para el ejercicio fiscal.
“Para 2027 el gobierno pretende gastar 1.57 billones de pesos solamente en intereses y costo de la deuda. Estamos hablando de una cantidad, fíjense bien, superior a todo lo que es el presupuesto destinado a salud, al tema educativo y más de cuatro veces destinado a seguridad y a lo que es justicia”, aseveró el representante del Partido Acción Nacional.
