Señalamientos del Departamento del Tesoro contra la red de narcocorrupción
El gobierno estadounidense ha tomado medidas drásticas contra una red de operadores políticos y financieros vinculados al crimen organizado en la frontera norte de México. En el centro de estas indagatorias se encuentra Carlos Torres, figura política ampliamente conocida en la región y exesposo de la actual gobernadora bajacaliforniana Marina del Pilar, quien fue oficialmente incluido en la lista de sanciones económicas del Departamento del Tesoro por sus presuntos nexos con la facción criminal conocida como La Mayiza, perteneciente al Cártel de Sinaloa.
Las acciones punitivas fueron dadas a conocer por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), la cual emitió castigos directos contra un total de 21 personas consideradas piezas clave, líderes o facilitadores dentro de la estructura delictiva. De acuerdo con los reportes oficiales emitidos desde Washington, esta red se compone de operadores dedicados al blanqueo de capitales y servidores públicos acusados de corrupción, elementos que habrían permitido que la mencionada organización delictiva operara con total impunidad a escasos metros de la línea divisoria internacional.
Vínculos con Los Rusos y el esquema de protección política
Las investigaciones detallan que el exfuncionario encabeza una estructura de narcocorrupción estrechamente conectada con el grupo armado autodenominado Los Rusos, célula operativa que responde a los intereses de La Mayiza en la zona metropolitana de Tijuana. La administración estadounidense sostiene que diversas autoridades del estado fronterizo han brindado cobertura institucional a esta facción delictiva para blindarla frente a operativos de seguridad e intervenciones de las corporaciones del orden.
«Carlos Torres es un operador político que mantiene una alianza con Juan Jose Ponce Felix ‘El Ruso’. Utiliza su influencia política para facilitar las actividades y proteger al Cártel de Sinaloa de la intervención del gobierno y de las fuerzas del orden en Baja California», puntualiza el informe oficial. Asimismo, la investigación apunta a que el hermano del señalado, Luis Alfonso Torres Torres, desempeñaba un rol activo dentro de esta estructura ilícita para facilitar las operaciones financieras.
Las indagatorias del gobierno extranjero sobre este entramado ya habían derivado en acciones previas, tal como ocurrió en mayo de 2025, cuando se concretó la revocación de la visa estadounidense a Carlos Torres como consecuencia de las pesquisas en torno a su apoyo logístico y político hacia los liderazgos criminales regionales.
Implicación de exfuncionarios y operadores locales
El aparato de corrupción señalado por las autoridades norteamericanas no se limita a una sola persona, sino que abarca a diversos personajes que ocuparon cargos públicos de relevancia en la administración estatal y municipal. Entre los nombres destacados figura Pedro Ariel Mendívil García, quien fuera titular de la Dirección de Seguridad Pública en el municipio de Mexicali.
Según la información difundida por la OFAC, este mando policial habría aceptado sobornos periódicos por parte de la célula delictiva para garantizar el control operativo de los cuerpos de seguridad locales. Las investigaciones indican que Carlos Torres fungía como receptor de dichos pagos mensuales para asegurar la tolerancia institucional, mientras que su hermano Luis se encargaba de la recepción y del proceso de ‘lavar’ los fondos ilícitos a través de empresas y campañas políticas.
A este grupo se suma Rafael Buenrostro Martín, exfuncionario con trayectoria en agencias aduanales en el estado de Chihuahua y posteriormente desempeñado como asesor legislativo dentro del gobierno bajacaliforniano. Las indagatorias apuntan a que utilizaba su posición de influencia para beneficiar a las redes del narcotráfico a cambio de retribuciones económicas ilegales.
Cronología familiar y tensiones políticas
En el ámbito personal, la situación del exfuncionario coincide con el distanciamiento formal de la administración estatal. Fue en octubre de 2025 cuando la mandataria estatal confirmó públicamente el inicio de los trámites legales para concretar su proceso de divorcio con Torres Torres, quien en el pasado fungiera como coordinador de proyectos estratégicos para la entidad.
«Estamos en proceso de divorcio, yo respeto mucho a Carlos, es un gran hombre, un gran papá y lo estamos haciendo con mucho cariño y con mucho respeto», declaró la gobernadora durante un encuentro con medios de comunicación al confirmar la separación, poniendo fin a un matrimonio celebrado en septiembre de 2019 en la ciudad de Mexicali.
Estas revelaciones por parte del gobierno de Estados Unidos ocurren en un contexto complejo para la fuerza política gobernante en México, sumándose a señalamientos internacionales en contra de otras figuras de relevancia nacional vinculadas a la administración pública y partidos políticos en diferentes entidades federativas del país.
