Ricardo Monreal descarta dedicatoria política en la propuesta de nacionalidad única para aspirantes a puestos clave
El coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, salió al paso de las críticas y respaldó firmemente la iniciativa impulsada desde el Poder Ejecutivo para exigir la exclusividad de la ciudadanía mexicana a quienes busquen ocupar la jefatura del Estado o las administraciones estatales. De acuerdo con el legislador, esta modificación no posee dedicatorias personales ni busca excluir de manera arbitraria a figuras específicas de la vida pública del país.
Durante una conferencia en el recinto legislativo, el representante político subrayó que la propuesta de adecuar la Carta Magna responde a una visión de Estado enfocada en blindar los asuntos estratégicos de la nación. Entre las áreas que ameritan una lealtad indiscutible, destacó el manejo de la política exterior, el mando de las Fuerzas Armadas y la conducción de las relaciones diplomáticas multilaterales y bilaterales. Según su postura, la medida pretende consolidar la autonomía institucional frente a cualquier circunstancia externa.
Procedimiento legal y reglas secundarias
Respecto a la operatividad de la norma, Monreal detalló que una vez que el proceso legislativo concluya formalmente y sea promulgada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el Congreso de la Unión tendrá la tarea de diseñar y aprobar la legislación reglamentaria correspondiente. Dicho marco secundario definirá con absoluta precisión el mecanismo administrativo y los plazos exactos que deberán cumplir los ciudadanos con doble vínculo legal para renunciar formalmente a su ciudadanía extranjera antes de registrarse como candidatos a cualquier posición de elección popular dentro de este nivel.
Asimismo, el legislador enfatizó que la restricción planteada resulta totalmente compatible con los tratados y convenios internacionales vigentes, siempre y cuando se implemente bajo estrictos principios de proporcionalidad y razonabilidad jurídica. Con esto, reiteró que ningún ciudadano se encuentra impedido de contender por la Presidencia de la República o alguna de las gubernaturas, siempre y cuando decida ajustar su estatus jurídico a los requerimientos que estipula la ley mexicana.
Aprobación en la cámara baja y ruta en el Senado
El debate sobre la modificación constitucional ha generado intensas discusiones entre las distintas fuerzas políticas representadas en el Poder Legislativo. Pese a la polarización en tribuna, la minuta enviada a finales de agosto por la mandataria federal logró avanzar de manera sólida en la cámara baja, donde obtuvo un respaldo de 344 votos a favor, frente a 116 en contra y una sola abstención.
El dictamen contempla la modificación directa de los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con estos cambios, se instituye de forma obligatoria la condición de nacionalidad única para el ejercicio de la titularidad del Poder Ejecutivo federal, las gubernaturas de las 31 entidades federativas y la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
El texto aprobado enfatiza de manera categórica que quien asuma alguna de estas responsabilidades públicas no podrá adquirir ni solicitar ningún otro vínculo nacional, ni invocar protección o estatus ante gobiernos extranjeros. Adicionalmente, el documento fija un plazo de 90 días naturales para que los congresos estatales armonicen sus propias constituciones y códigos electorales tras la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación.
La iniciativa promovida por la titular del Ejecutivo federal justifica la urgencia de esta modificación bajo el argumento de que una persona con doble nacionalidad mantiene obligaciones cívicas con dos naciones diferentes. Por consiguiente, ante posibles presiones internacionales o injerencias externas, el Estado mexicano requiere que sus gobernantes demuestren una lealtad institucional sin fisuras.
Una vez superado el trámite en la cámara de origen, el proyecto de decreto fue turnado formalmente al Senado de la República, donde se prevé que sea discutido y votado por la mayoría legislativa durante las próximas sesiones ordinarias antes de concluir el ciclo parlamentario actual.
